El titular del Juzgado de Instrucción 4 de A Coruña, Víctor Pardo Domínguez, ha admitido a trámite una querella interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas del RC Deportivo de La Coruña SAD contra la actual cúpula del equipo de fútbol, de la que forman parte los presidentes de ABANCA, Juan Carlos Estotet, y de Estrella Galicia, Juan Carlos Escotet.
ABANCA es la entidad dueña del club.
Los hechos denunciados, según explica el magistrado Pardo Domínguez en su auto de 12 de febrero, al que ha tenido acceso Confilegal, podrían ser constitutivos de delito societario. Entiende que la querella cumple los requisitos establecidos en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Entre los querellados se encuentran también el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián ytres expresidentes del Deportivo de La Coruña: Constantino Fernandez Pico, Fernando Vidal Raposo y Juan Antonio Armenteros Cuetos.
También el abogado del club, Oscar Rama Penas, y los ya exconsejeros, José Luis Queijeiro Fuentes, Ricardo González Fernández, Manuel José Vázquez Martínez y Federico García Poncet.
La querella está dirigida por el abogado Germán Rodríguez Conchado, quien sirvió como representante legal del Club bajo la dirección del expresidente Augusto César Lendoiro, quien perdió el control del equipo de fútbol en 2014, cuando entró en concurso de acreedores.
Entre 2014 y la actualidad, el Deportivo de La Coruña, ahora en Segunda B –división de aficionados, adonde bajó el pasado año– ha tenido cinco presidentes: Constantino Fernández Pico (2014-2019), Francisco Martínez Zas (2019), Juan Antonio Armenteros Cuetos (2019-2020), Fernando Vidal Raposo (2020-2021) y Antonio Couceiro Vázquez (2021 hasta hoy).
De acuerdo con Rodríguez Conchado, se elevó la deuda de 50 a 90 millones de euros de un modo artificial.
El magistrado Pardo Domínguez requiere, en su auto, al Juzgado de lo Mercantil 2 de A Coruña para que le diga quien fue el administrador concursal del Deportivo de la Coruña con el fin de pedirle que le informe “acerca de los supuestos créditos y deudas ficticias” a las que apunta la querella.
También quiere “que dé cuenta de si se tuvieron en cuenta tales particulares, y en qué sentido, en la contabilidad del concurso, así como, en su caso, a efectos tributarios frente al pretendido delito fiscal (a pesar de que como es sabido, y resulta de la propia querella, era parte principal en el asunto la AEAT)”.
