No lo dice abiertamente pero se desprende de la lectura del informe de 313 páginas elaborado por los vocales Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la la Libertad Sexual, conocido como «la ley del sí es sí», impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero: el barco hace aguas.
Especialmente en dos aspectos fundamentales: la definición del consentimiento y la fusión en uno de los delitos de abuso sexual y de agresión sexual.
El informe, aprobado por unanimidad de los 21 miembros que componen el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, recuerda que el Código Penal se asienta sobre la idea del consentimiento aunque no incluya una definición del concepto.
Considera innecesaria la definición que introduce el Anteproyecto en el artículo 177.1 del Código Penal: «se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto”.
Tal definición iría en contra de los conceptos jurídicos indeterminados y contra el principio de libre apreciación de la prueba, consagrado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
«Se altera de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia», dice el informe.
El acusado tendría que demostrar que la mujer prestó su consentimiento, un papel que le corresponde a la acusación, lo que iría directamente en contra del artículo 24 de la Constitución, que consagra el derecho de defensa y la presunción de inocencia, y lo colocaría fuera del marco constitucional.
Esta decisión tendría una consecuencia directa en la víctima porque los interrogatorios se centrarían en si prestó o no prestó consentimiento, para mantener la relación sexual, y de qué forma lo hizo.
En los procedimientos vigentes hay una serie de pruebas que evitan que una víctima tenga que declarar directamente sobre ello.
Lo que dice el CGPJ es que es preferible que las cosas se queden como están.
NO A LA FUSIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL
Por lo que respecta a este tenor, el informe aprobado afirma que la fusión del delito de abusos sexuales con el de agresión sexual podría desproteger a la víctima.
Porque el agresor no tendría ningún problema en emplear «un medio comisivo más lesivo que otro de menor intensidad».
Y también existiría el riesgo «de castigar con gran severidad conductas que representan un menor grado de lesividad».
La opción más idónea es la que figura en el Código Penal actual aprobado en 1995, por el que en el caso de abuso sexual, en la que el agresor emplea sobre la víctima el prevalimiento la pena es menor que en el caso de la agresión sexual, en la que se utiliza la intimidación y la violencia.
NO A LA ESPECIALIZACIÓN DE ÓRGANOS JUDICIALES
En lo referido a la especialización de órganos judiciales, contemplada en el Anteproyecto de la ministra Montero, los vocales Roser Bach y Juan Manuel Fernández, no la consideran justificada.
Entienden que las razones que sustentarían la especialización jurisdiccional se disiparían en una materia como esta que, da sobre su transversalidad, se proyecta sobre distintos ámbitos normativos y esferas de actuación jurisdiccional diferentes.
La vocal Pilar Sepúlveda sí considera justificada la especialización.
El Anteproyecto de Ley impulsado por Montero tendría como consecuencias, en caso de ser aprobado, la forma del Código Penal, de la Ley de Vigilancia Penitenciaria y de la Ley de Publicidad.
