Los representantes del PSOE en las negociaciones con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) descartaron apoyar, en un momento dado, a Victoria Rosell, exdiputada de Podemos y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, como vocal, pero pusieron toda la carne en el asador en beneficio del magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, según confirmaron fuentes gubernamentales.
Por ello, el Ejecutivo ahora exige al PP que reconsidere su postura y acepte volver a sentarse a negociar la renovación de este órgano sin «vetos». De momento, los contactos con el PP a través del Ministerio de Justicia siguen abiertos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aunque no quiso dar nombres, afirmó el Ejecutivo había cedido sobre alguno de los vetos que el PP planteó ante propuestas de personas que podían tener una vinculación con un «determinado partido».
Una referencia que identificaba con claridad a Victoria Rosell.
Aseguró, también, que, por su parte, el Gobierno no había ejercido «ningún tipo de veto sobre los candidatos puestos encima de la mesa por el PP», en referencia al candidato judicial, Alejandro Abascal, magistrado de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción 6, del que es titular Manuel García Castellón, donde se instruye el caso Dina, después de que el Supremo lo devolviera a su origen.
«Pero estos vetos tienen un límite y en algunas ocasiones se pueden entender, por su especial vinculación a determinada formación política, cosa que no ha hecho el Gobierno sobre los candidatos del PP, pero desde luego no podemos permitir que exista ningún tipo de veto cuando de lo que se está hablando son de conductas asociadas al ejercicio de las funciones que estos jueces tenían asignados antes de ser propuestos para este órgano», señaló Montero en su comparecencia.
Posteriormente, preguntada en concreto sobre si se refería a Rosell al hablar de que el Gobierno había «cedido» con propuestas de jueces que podían tener vinculación con el Gobierno o con alguna de las formaciones de la negociación, Montero ha seguido sin dar nombres, pero ha sido aún más clara.
«Algunas de las propuestas que han sonado en los medios de comunicación finalmente no se incorporaban a la propuesta definitiva justo para facilitar el acuerdo. Algunas personas tenían responsabilidades en el actual Ejecutivo o habían tenido vinculación con algunas de las formaciones políticas de forma explícita«, ha reconocido.
Así, aunque no ha mencionado a la magistrada en servicios especiales, la propia Montero señaló que se puede «adivinar» de quién se trata.
«Me van a permitir que no de nombres porque me parece más respetuoso no hacer mención a nadie en concreto, pero todos podemos imaginar esos nombres», afirmó.
A continuación, con firmeza dijo que no iban a aceptar que se vete a jueces por las actuaciones que hayan hecho en el desarrollo de sus responsabilidades como jueces, en clara alusión a De Prada.
«Lo que no parece tener ningún tipo de cabida es que haya personas que se veten, ya no por su adscripción partidista sino por las actuaciones que hayan podido desarrollar en el marco de sus responsabilidades. Entiendo perfectamente también que ustedes están imaginando a lo que me refiero», subrayó.
El PP ha rechazado la candidatura de De Prada calificándola de ilegal y de «cambalache» ya que es magistrado y lo que el PSOE pretende es que lo admita como jurista de reconocido prestigio.
EL GOBIERNO SIGUE «ESPERANDO» A QUE EL PP ABANDONE SUS VETOS
En todo caso, aseguró que el Gobierno sigue «esperando» a que el PP «salga de su actitud inmovilista» y deje de juar al «gato y al ratón», dando «una de cal y una de arena», tras haber aceptado renovar el Consejo de RTVE pero «romper» después la negociación para el CGPJ con sus «vetos».
«No tiene ningún sentido que ahora vayan practicando una política de vetos cuando nunca este Ejecutivo ha puesto ningún tipo de veto a los nombres que ha puesto el PP. Eran nombres muy identificados con ciertas preferencias que el PP tuvo a la hora de su designación», ha criticado.
«No parece de recibo, cuando se puede estar achacando vinculaciones partidistas a determinados jueces que nunca la han tenido, y que si son rechazados es por el ejercicio de sus responsabilidades profesionales», ha recalcado Montero.
