VOX ha reclamado hoy en el Congreso de los Diputados la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y así «aliviar la carga fiscal de los españoles en plena crisis por el coronavirus».
La Comisión de Hacienda ha debatido hoy una Proposición no de Ley (PNL) del partido de Santiago Abascal relativa a la supresión de este impuesto estatal que se aplica tras la adquisición de los bienes y derechos a título gratuito, ya sea por medio de herencia, legado, donación o por ser beneficiario de contratos de seguro.
Actualmente, dicho tributo se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas, que tienen competencias normativas, así como competencias en la gestión, recaudación e inspección, tal y como han explicado desde la formación.
«Muchos españoles tienen que renunciar a su herencia porque no tienen dinero para pagarlo. ¡Pongamos fin a este atraco!», ha reclamado VOX, que ha acompañado la propuesta con un millón de firmas de la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones (FENCIS).
La iniciativa no ha salido adelante.
Ha obtenido 15 votos a favor y 22 en contra.
VOX ya había anunciado que «sólo PP y Cs apoyan la propuesta» del partido de Abascal.
LA PNL PARA DESCARGAR
“Los rendimientos de tu trabajo tributan por I.R.P.F. Si te compras un piso, transmisiones patrimoniales; si lo vendes, IRPF y plusvalía. Si te gastas tu dinero, IVA. Si quieres donarlo, Donaciones. Si lo ahorras, Patrimonio. Y al final, que ya solo te queda morirte, entonces sucesiones”, ha señalado en la Comisión la diputada de VOX Inés Cañizares para denunciar la «persecución fiscal» que afrontan los españoles.
Cañizares ha sido la encargada de defender la PNL y reclamar la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, «una lucha que emprendieron hace tiempo millones de españoles, representados en la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones», que ha ofrecido a VOX el más de millón de firmas recogidas por la supresión de este tributo.
Puede ver su intervención íntegra pinchando aquí.
VOX ya presentó en mayo de 2020 una Proposición de Ley para eliminar este impuesto, que, según ha denunciado Cañizares, «fue vetada por el Gobierno sin opción a debate», «dando la espalda a su pueblo y desoyendo sus demandas”.
El pasado 24 de noviembre presentó esta PNL, que firman Macarena Olona, Víctor González, Rodrigo Jiménez, Rubén Manso, Pablo Sáez e Inés Cañizares.
Cañizares ha denunciado que “en estos momentos de crisis, en los que los gobiernos europeos reducen los impuestos, el Gobierno de España opta por lo contrario, aumentando la presión fiscal al ciudadano medio».
«Esta iniciativa, por tanto, no es un capricho , sino la necesidad de dar respuesta a la demanda de millones de españoles, muchos de ellos representados por la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones, movimiento social y apolítico que agrupa a las principales asociaciones que luchan contra la injusticia de este cruel tributo, y que ha recabado más de 1.000.000 de firmas contra este impuesto; firmas de ciudadanos que no pertenecen a las élites, no son ricos, ni poderosos, sino todo lo contrario, trabajadores y personas humildes expoliadas y que en muchos casos viven auténticos dramas”, ha señalado.
Cañizares ha «desmentido», además, «los mantras que emplean los defensores de este impuesto».
Ha dicho que es mentira que este impuesto esté presente en toda Europa. «La realidad es que el impuesto está siendo progresivamente eliminado, no existiendo en más de la mitad de los países de la Unión Europea, y en aquellos que lo mantienen, cumple una función más regularizadora que impositiva», ha indicado.
Afirma que también es mentira que sea un impuesto defendido por expertos economistas, sino que «lo consideran un ataque directo al ahorro de las familias, generando desinversión, paro y miseria allí donde se aplica».
También manifiesta que es falso que sea un impuesto justo progresivo que redistribuye la riqueza, «porque rompe el principio de igualdad entre los españoles, con versiones diferentes para cada autonomía, llegando incluso a ser confiscatorio».
Cañizares ha expuesto que la aplicación de este tributo es «la más injusta, porque recae sobre la clase trabajadora, no tiene en cuenta la capacidad económica real del heredero para hacerle frente, y éste o bien renuncia previamente a lo que por derecho le pertenece, o en caso de aceptar de buena fe la herencia, le perseguirán si luego no puede pagarla».
Destaca que también es mentira que sin este impuesto peligren los servicios públicos. «La recaudación de este tributo es meramente testimonial -apenas 1% del total del presupuesto autonómico-. Y a pesar del bajo impacto de su recaudación sobre los ingresos públicos, es el que más daño psicológico, dolor y dramas provoca en las familias de los españoles, arruinando sus vidas en muchos casos», ha señalado.
«Dirán que el legítimo movimiento social contra el tributo es una maniobra partidista. Falso. Deslegitimar esta lucha social es querer acallar la expresión de la voluntad popular», ha proseguido Cañizares, y ha incidido en que «el Estado debe preocuparse más por generar riqueza y bienestar a sus ciudadanos, que por recaudar».
«Con 22 ministerios, 17 reinos de taifas, y con un gasto político disparado a costa de asfixiar al ciudadano, ya es hora de recortar gastos improductivos y eliminar esta injusticia social», ha reclamado.
En resumen, ha denunciado que se trata de un impuesto que “genera desigualdad, no atiende al principio de progresividad, no contribuye a la redistribución de la riqueza, desincentiva el ahorro en las familias, supone una mínima aportación a los recursos públicos, provoca renuncia a herencias, y es cuestionado por las instituciones europeas, como queda patente en la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014, que declara contrario al derecho originario de la Unión Europea el régimen fiscal establecido en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones español”.
El portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado en una rueda de prensa que se trata de «un robo de herencias» a los españoles por parte del Estado.
«Los españoles pagan el impuesto por morirse», ha insistido, y ha defendido que «es el momento óptimo para suprimir un impuesto a todas luces injusto y que nunca debió existir», criticando la negativa de PSOE, Podemos y los separatistas a eliminarlo.
VOX destaca que el Impuesto de Sucesiones se enfrenta en la actualidad a numerosos problemas de “legitimidad social” habiéndose convertido en la figura impositiva “más polémica de nuestro sistema tributario”.
“Existe una elevada desigualdad en función de la región en la que se resida, donde se encuentren los bienes o derechos heredados . Se trata de una figura impositiva que carece de utilidad en la materialización de los principios de redistribución, de progresividad y de igualdad”, asegura Cañizares, que también insite en que hay que tener también en cuenta “la baja aportación del impuesto al sostenimiento del Estado del bienestar en relación con su elevado rechazo social” y que, además, contribuye en gran medida “al éxodo fiscal”.
“En los últimos años, son muchos los contribuyentes que, al tiempo de recibir una herencia, deben acudir a herramientas de financiación bancaria para enfrentar la cuota del impuesto. Una figura que funciona como doble impuesto, al gravar de nuevo rentas o bienes que ya tributaron en su momento por uno o varios conceptos”, asegura la diputada por Toledo, y recalca las desigualdades que genera su distinta aplicación en función del territorio y su utilización como arma de penalización de los no residentes en una determinada región.
Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de VOX insiste en que es «absolutamente necesario» suprimir este impuesto del sistema tributario español, y apuesta por analizar los efectos que esta derogación pueda tener en el sistema de financiación de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el marco de un proceso de reforma del sistema de financiación.
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