El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional ha dictado un auto instando a Santiago Pedraz, titular provisional del Juzgado Central de Instrucción 1, a admitir la querella contra Javier Biosca Rodríguez, su esposa, Paloma Gallardo Leal, su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo y la empresa Altorithmics Group Ltd. por una supuesta estafa de 280 millones de euros en criptomonedas y 9 delitos más.
Son más de 400 los afectados agrupados en esta querella que firma la abogada Emilia Zaballos, socia directora de la firma Zaballos Abogados y presidenta, a su vez de la Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas (AAIC).
Zaballos Abogados atribuye a la familia Biosca y a su empresa los delitos de apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento público.
El asunto contiene, según el tribunal de apelación, «una serie de elementos que determinan prima facie la presencia de una multiplicidad de perjudicados y de provincias afectadas, por lo que concurren en este momento los presupuestos establecidos en la ley para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional, en tanto que estas dos circunstancias por sí determinan la complejidad de la instrucción y la necesidad de que sea un Juzgado Central de la Audiencia Nacional el que conozca de forma única este conjunto de defraudaciones».
Es lo que dice el auto número 00159/2021, que tiene fecha de 30 de abril pasado, suscrito por los magistrados Alfonso Guevara Marcos, Ana María Rubio Encinas y Joaquín Delgado Martín, este último como ponente.
«También hay que tener en cuenta que, atendiendo a la narración de los hechos contenida en la querella, no está descartada la posible existencia de una estructura criminal que podría tener efectos en la calificación jurídica de los hechos«, añade el auto.
En el mismo se recuerda que hay otras querellas de otros perjudicados que se han presentado en otros juzgados de España; en Madrid, Córdoba, Granada, Murcia, Málaga y Orense, por citar algunas provincias.
Todas ellas tendrán que acumularse ahora en el Juzgado Central de Instrucción 1, que, en un principio, había rechazado la competencia para instruir los hechos.
La decisión de la Sección Tercera cambia por completo el escenario.
«Este instructor considera que ha quedado acreditada una legitimación y capacidad de conducción procesal que otorga a los querellantes la condición de ofendidos o víctimas directas en los términos previstos en el nuevo Estatuto de la Víctima del Delito (Ley 4/2015, por lo que se acepta su personación para el ejercicio de la acusación particular», suscribe el magistrado Pedraz en su auto de admisión de dicha competencia.
El magistrado, en dicho auto, ha conferido al Grupo II de Fraude Financiero de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de Policía Judicial de la Policía Nacional el encargo de iniciar una investigación del caso.
Javier Biosca Rodríguez se halla en paradero desconocido desde el pasado mes de noviembre. No así su familia.
