El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado archivar para Marta Ferrusola Lladó, la matriarca del clan Pujol, la causa sobre el presunto origen ilícito del patrimonio del expresidente catalán Jordi Pujol y su familia, debido a su estado de salud.
Su marido, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, y sus siete hijos van a ser juzgados por supuestos delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
En un auto, dictado hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN atiende así la petición formulada por la representación de Ferrusola en la que pedía el archivo de la causa y adjuntaba documentación médica de la que se extraía que padece demencia.
La Fiscalía solicitó la realización de un examen médico forense y, una vez practicado, informó de que no se oponía al archivo sin perjuicio de que se diera traslado al Ministerio Público de los informes incorporados al procedimiento con objeto de instar ante la jurisdicción civil su incapacitación.
En su resolución, el magistrado indica que “como señala el Ministerio Fiscal deben tenerse en cuenta las circunstancias que concurren en el presente caso y que se describen por la médico forense (…) con ello procede decretar el archivo de las presentes diligencias de conformidad al artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Esta resolución no es firme. Contra la misma cabe recurso de reforma y apelación.
Recientemente, la Audiencia Nacional ha confirmado el auto del magistrado José de la Mata en el que propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola.
Desestimó el recurso de apelación interpuesto por la familia, confirmado íntegramente el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el instructor para todos los investigados en este procedimiento, a excepción del empresario Carlos Sumarroca Coixet, para quien se acuerda el archivo de la causa, y de la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, a quien se le retiran dos delitos contra la hacienda pública.
