El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, se reunió ayer con representantes de los profesionales de la abogacía, la procura y los graduados sociales para avanzar en las medidas de conciliación personal, familiar y laboral de estos colectivos -como reivindican-, «claves para garantizar la tutela judicial efectiva».
La semana pasada, la decana del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Auxiliadora Borja, reivindicó ante el ministro la conciliación laboral y familiar en la Abogacía y Campo se comprometió a abordar este tema con el colectivo.
Auxiliadora Borja aprovechó los ‘Diálogos Institucionales‘, organizados por el ICAV y el Ministerio de Justicia, para exponer al ministro este asunto que le «preocupa especialmente”.
La decana del ICAV se refirió a la «gran cantidad» de solicitudes de amparo colegial de compañeros que llegan al Colegio, debido a las «continuas denegaciones» de solicitudes de suspensión de señalamientos, “aún siendo debidamente justificadas conforme a la ley”.
Sobre todo, le preocupan «las denegaciones de justificaciones por bajas de maternidad o paternidad».
La decana del ICAV subrayó que «esta situación pone en jaque la conciliación familiar y laboral en la Justicia”, y señaló que poder tener un encuentro entre los distintos agentes que conforman la justicia en Valencia seguro que les permitirá «aportar ideas o mejoras, en materia de Justicia”.
El pasado mes de febrero, 13 colegios de procuradores también exigieron un cambio legislativo que garantice el derecho de la procura a la desconexión digital por causas de fuerza mayor. Afirman que el funcionamiento actual les obliga a estar operativos 24 horas los 365 días del año, lo que «conculca sus derechos laborales, profesionales y personales», denuncian.
LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS NORMATIVOS EN LOS QUE TRABAJA EL MINISTERIO
Por otra parte, ha informado que en el futuro Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, se incluirán las medidas tecnológicas necesarias para preservar el derecho a la “desconexión digital” de los profesionales que desempeñan su trabajo ante los tribunales en los períodos en que proceda.
‘LA MATERNIDAD/PATERNIDAD NO PUEDE QUEDAR AL MARGEN DE LOS AVANCES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN’, ADVIERTE EL CGAE
El Consejo General de la Abogacía cree que es «oportuno reconocer el trabajo realizado durante los últimos años tanto desde el Ministerio como desde el conjunto de operadores jurídicos en pos de un avance real en este terreno».
«Consideramos que el hecho de que ahora se nos anuncie por primera vez que se va a legislar sobre algunos de los aspectos en los que llevamos años trabajando y reivindicando, como la desconexión digital durante los periodos inhábiles, la inhabilitación de agosto y una semana durante la Navidad, o la suspensión de juicios por motivos de gravedad como fallecimientos y enfermedad grave, es en gran parte consecuencia de esa labor realizada durante todo este tiempo», ha señalado hoy en un comunicado.
No obstante, indica que «la Abogacía no entendería que, anunciándose por parte del Ministerio de Justicia las aludidas reformas legislativas en orden a permitir la conciliación a los profesionales jurídicos, quede sin recoger entre las causas de suspensión y desconexión digital el parto, el nacimiento, la adopción y aquellos supuestos en los que la Ley de Seguridad Social reconoce la situación de baja, absolutamente incompatible con la intervención en cualquier actuación procesal».
El CGAE destaca que «las bajas por maternidad/paternidad no afectarían en absoluto al buen devenir de los procedimientos, de la misma manera que la desconexión digital de agosto se viene realizando desde hace años sin que ello impida la realización de trámites urgentes en procesos penales».
Añade que tampoco la extensión del periodo de inhabilidad durante la Navidad los días que median entre el 23 de diciembre y el 6 de enero afectaría al funcionamiento de la Justicia, «ya de por sí ralentizado». «Es más, otros países de nuestro entorno recogen dicho periodo en sus legislaciones como «vacaciones judiciales», sin perjuicio para el buen funcionamiento del servicio», agrega.
Y concluye diciendo que la Abogacía «siempre ha antepuesto y antepondrá los intereses de los justiciables por encima de los propios, habiendo sido siempre el principal valedor del principio de tutela judicial efectiva».
