Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha vuelto hoy a reclamar la dimisión en bloque de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para forzar así a «inmediata» renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva pendiente más de dos años.
Subraya que desde que finalizó el mandato de los actuales vocales, el 4 de diciembre de 2018, «hemos asistido a la ruptura de las negociaciones políticas para la renovación de sus miembros en diversas ocasiones, basada en «variadas e injustificables excusas por parte del principal partido político de la oposición», el PP.
Señala que «primero se negó la participación a Unidas Podemos, después se vetó a determinadas personas», y luego «las elecciones catalanas y las madrileñas dificultaban la negociación».
A ello añade que «la iniciativa del Gobierno de cambiar el sistema de elección (pretensión que fue abandonada) también supuso la ruptura de las negociaciones», y finalmente, la pretensión de reforma del nombramiento de los vocales judiciales por los miembros de la judicatura, así como la tramitación del indulto a los condenados por el ‘procés’ han sido algunos de los motivos esgrimidos en este tiempo por el PP como justificación para no renovar.
Para JJpD, «ninguna de esas excusas justifica la falta de responsabilidad institucional y el sistemático incumplimiento de la normativa constitucional», y una vez más pide la dimisión en bloque de los vocales del CGPJ para cumplir con el mandato constitucional 122 de la Constitución, que señala que hay que renovarlo cada cinco años.
JJpD ha hecho este llamamiento a través de un comunicado publicado hoy, en el marco del 20 aniversario del Pacto de Estado por la Justicia, que se ha conmemorado en mayo, en cuyo punto 21 se comprometían a una forma de elección de los vocales.
Recuerda que el 4 de diciembre de 2018, cuando caducó el mandato del CGPJ, ya apeló a la responsabilidad institucional de los grupos parlamentarios para que lo renovasen «lo más pronto posible» y «evitar su situación de interinidad y el consiguiente daño a la imagen de la Justicia».
En aquel momento también hizo un llamamiento a los vocales del CGPJ para que renunciasen a su cargo y de ese modo facilitasen la renovación de la institución. Una cuestión en la que insistió nuevamente en mayo de 2019, cuando manifestó que «la permanencia de los vocales solo le hacía el juego a fuerzas políticas que no cumplen su deber jurídico de renovar en plazo a los órganos constitucionales, debilitando así el funcionamiento institucional de nuestra democracia».
JJpD relata que en enero de 2020 también reclamó a los grupos políticos representados en el Parlamento que cumpliesen el mandato constitucional de renovar los órganos constitucionales (además del CGPJ, el Tribunal Constitucional, y el Defensor del Pueblo) «para asegurar el normal funcionamiento del Estado de Derecho».
«Señalamos que el retraso en proceder a la renovación de los órganos constitucionales cuando abarca largos periodos de tiempo incurre en un fraude institucional que debilita su funcionamiento básico y, en el caso concreto del CGPJ, deteriora su imagen y la confianza depositada por la ciudadanía en la Justicia», recuerda.
Añade que en septiembre y octubre de 2020 volvieron a insistir y «por respeto a los ciudadanos a los que representan», exhortó a los grupos parlamentarios, especialmente al PP, «a que asumiesen sus obligaciones constitucionales y democráticas y articulasen los mecanismos necesarios para la inmediata renovación del CGPJ, del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo conforme con la legislación actual».
Les exhortó a «un acuerdo sin dilación, sin bloqueos, con altura de miras, y con sentido constitucional e institucional, por respeto al Poder Judicial», a los jueces y magistrados que lo integran, y en definitiva a la ciudadanía.
Y todo ello, «sin perjuicio de que, una vez renovado el CGPJ, se inicie un estudio serio, sosegado y con vocación de permanencia sobre el sistema de elección de los vocales judiciales» al objeto de que, en todo caso, siempre queden representadas todas las sensibilidades, así como los jueces asociados.
«El mandato constitucional obliga a los poderes públicos a la renovación en plazo», subraya en Confilegal Ascensión Martín.
Recuerda que «este Consejo está desde 2013 y que actualmente con la Ley Orgánica 4/2021 tiene muy limitadas sus competencias sin poder nombrar a cargos discrecionales».
«El PP no se puede negar sistemáticamente a sentarse a negociar por cuestiones políticas ajenas a la propia renovación del Consejo«, concluye Ascensión Martín.
