Los resultados obtenidos, en la convocatoria de esta primera huelga nacional de empleados públicos temporales, han sido muy desiguales, adoleciendo de datos globales de participación en toda España. El colectivo afectado lo conforman 800.000 personas.
Así, en Aragón, según la Inersindical ISTA, que agrupa a las principales organizaciones convocantes en esa Comunidad Autónoma, ha informado que el paro ha tenido «una gran respuesta, especialmente en el medio rural, donde este problema es mayor». Así, ha sido total en Oficinas Comarcales Agroalimentarias de las tres provincias.
En Zaragoza, los actos de protesta han incluido una manifestación desde la Diputación Provincial de Zaragoza hasta la Delegación del Gobierno y concentraciones ante distintos organismos públicos: el Hospital Miguel Servet, el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, para evidenciar la extensión del problema. También en Huesca y Teruel se han celebrado concentraciones de los huelguistas ante las respectivas subdelegaciones del Gobierno.
La organización ha destacado que se trata de una «movilización histórica en el sector público y en contra de los sindicatos que se sientan a negociar con el Gobierno», en referencia a CCOO, UGT Y CSIF. Los convocantes reclaman que se atienda a los derechos de los trabajadores temporales, «que solo en la Delegación de Gobierno de Aragón son el 48,4% de la plantilla y en sectores como Sanidad, más de la mitad».
Unos 38.000 empleados públicos temporales de todas las administraciones públicas de Aragón (locales, autonómica y estatal) estaban convocados a esta huelga, de los que 20.000, han superado el límite legal de tres años en su plaza y pueden perder su empleo sin ninguna indemnización ni la sanción para la administración contratante, en radical diferencia con lo que se exige en el sector privado.
Los portavoces de ISTA han incidido en que el primer objetivo de esta huelga es que se cumpla con la Directiva 1999/70 de la Unión Europea, una norma que debía estar transpuesta a la legislación española desde hace ya veinte años y que han desarrollado además distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En Baleares se han celebrado concentraciones convocadas por la Coordinadora de Interinos y Temporales ante diferentes sedes de la administración pública, como el Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca, la Conselleria de Presidencia, así como los juzgados. Sin datos de participación.
En Valencia, la jornada de huelga ha tenido su epicentro frente al Palau de la Generalitat, donde representantes de los sindicatos han mantenido una reunión con el secretario de Relaciones con las Comunidades Autónomas y el Estado, Jorge Alarte, y la directora general de Diálogo Social, Zulima Pérez, en la que han expuesto la «problemática» que afecta al personal público temporal así como las «posibles soluciones».
Fue una concentración de 600 personas, convocada por la Coordinadora de Empleados Públicos en fraude de ley y los sindicatos Intersindical, CNT y CGT, así como otros colectivos.
En Asturias la participación ha sido minoritaria. Solo el 1,37 por ciento del personal laboral e interino de la administración del Principado de Asturias ha secundado la huelga convocada por varias organizaciones sindicales para este vienes, día 18 de junio, según confirman desde el Gobierno autonómico.
En concreto, del total de 1.984 laborales de la Administración asturiana, han secundado la huelga el 4 por ciento; y el paro ha sido secundado por un 1% de los 12.962 funcionarios interinos del Principado.
En total, la administración autonómica cuenta con 14.946 empleados laborales e interinos.
