La Asociación de Fiscales (AF) recuerda que los indultos «deben fundarse en razones de justicia, equidad o interés público», cosa que no ve con los del ‘procés’.
«¿Qué razones de justicia, equidad, o utilidad pública puede tener en estas circunstancias la concesión del indulto, como no sea el del puro interés partidista?«, se pregunta Cristina Dexeus, presidenta de la asociación, la mayoritaria de las tres existentes, y que preside desde noviembre de 2017.
Dexeus se ha pronunciado así en declaraciones a Confilegal tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que mañana se aprobarán.
La Asociación de Fiscales manifiesta que «no se entiende la concesión de un indulto a quien de forma manifesta y constante se pronuncia a favor de volver a cometer el hecho delictivo que determinó su condena, no muestra arrepentimiento alguno y se jacta incluso de que lo volverá a hacer y del debilitamiento que su concesión supone para España».
Destaca que «tanto el tribunal sentenciador como los fiscales del ‘procés’ se han manifestado en contra de su concesión», y afirma que, «en coherencia, si se conceden de forma injustificada, la Fiscalía debería recurrirlos».
«Por coherencia jurídica», remacha Dexeus.
INSTA A DELGADO A DEFENDER LA IMPARCIALIDAD DE LOS TRIBUNALES
En otro orden de cosas, la Asociación de Fiscales ha instado hoy a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a defender la imparcialidad de los tribunales españoles puesto que este lunes se somete a la consideración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa un proyecto de resolución en el que «se acogen postulados incompatibles con la realidad de la democracia española y de la administración de justicia en nuestro país».
La AF se ha sumado a la denuncia hecha el viernes por tres asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)- de que un proyecto de resolución del Consejo de Europa «ponga en entredicho la objetividad y transparencia del Poder Judicial en España».
Este proyecto de resolución ha puesto en pie de guerra a cinco asociaciones de jueces y fiscales por ser una afrenta al Poder Judicial español.
En cuanto a la ampliación de plantilla solicitada por Delgado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, afirma que la AF «desde luego que apoyará la petición de ampliación, pues es una de las reivindicaciones históricas de la Asociación de Fiscales que ha sido reiterada ante los distintos fiscales general del Estado, entre ellos la propia Delgado en su etapa ministerial y ahora como fiscal general a traves de escritos remitidos tanto por la comisión ejecutiva como por los vocales de la AF en el Consejo Fiscal».
En todo caso, agradece el trabajo realizado por la Unidad de Apoyo de la Fiscalía, dirigida por Francisco Moreno, para justificar esa petición de ampliación.
La AF cumplió en mayo de 2020 cuarenta años dedicada a velar por el cumplimiento de la Constitución, del Estado de Derecho, de la democracia, de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la defensa de los más desprotegidos, dar a conocer cuál es la función del Ministerio Fiscal, y reivindicar los derechos profesionales de los fiscales.
