El Partido Popular ha preguntado al Ministerio de Justicia sobre las negociaciones con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antiguos secretarios judiciales, tras asumir estos nuevas funciones derivadas de diversas reformas procesales y organizativas, lo cual requiere de una adecuación salarial.
La semana pasada, el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, Fernando de Rosa Torner, magistrado en servicios especiales, presentó una iniciativa para que el Ministerio informe del estado en el que se encuentran las negociaciones y, según ha señalado a Confilegal, harán un seguimiento de las mismas «para que se cumpla lo acordado y lo inicialmente pactado de retribuciones, así como sus funciones en el procedimiento».
El PP quiere saber «cuándo piensa el Ministerio de Justicia dar cumplimiento a la obligación legal impuesta por la disposición adicional 157 de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que le obliga a proceder a la adecuación salarial» del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en relación con las nuevas funciones asumidas por este Cuerpo en las últimas reformas procesales y organizativas, y que en su último párrafo añade que para ello, «el Gobierno adoptará los acuerdos que correspondan en orden a la dotación presupuestaria adecuada a la presente disposición”.
Para el debido cumplimiento de la disposición adicional 157 de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en relación al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, Fernando de Rosa pregunta «qué negociaciones se han desarrollado con las asociaciones de Letrados de Justicia, obligación que pesa sobre el Ministerio por virtud del artículo 444-2 d) de la LOPJ, qué contenido han tenido esas reuniones, y qué grado de compromiso se ha alcanzado de manera satisfactoria a las asociaciones y al debido cumplimiento de la disposición referida».
También pregunta si considera el Ministerio de Justicia que ha cumplido con su obligación legal conforme al contenido de la disposición adicional 157 de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, «que le impone una adecuación salarial a las nuevas funciones asumidas por este Cuerpo en las últimas reformas procesales y organizativas del Cuerpo de Letrados, con las propuestas realizadas, teniendo en cuenta la ínfima diferencia para con el Cuerpo de gestión y demás funcionarios de los Cuerpos generales para los que se preveía en esa disposición una adaptación de sus específicos a los homónimos transferidos, y no una adecuación salarial por el incremento funcional».
Asimismo, quiere que el Ministerio explique si es cierto que con su oferta de adecuación salarial al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en cumplimiento de su obligación legalmente impuesta por la citada disposición adicional, «el Ministerio ha limitado los recursos económicos a utilizar al capítulo I del presupuesto del Departamento, en claro incumplimiento de la Ley» que establece que para ello, «el Gobierno adoptará los acuerdos que correspondan en orden a la dotación presupuestaria adecuada a la presente disposición».
En definitiva, el PP exige que se informe sobre «el alcance, el desarrollo y si el Ministerio está dispuesto a cumplir con su obligación, y en el caso de no hacerlo, pedirá la comparencia de la ministra, Pilar Llop, «para que dé cuenta del incumplimiento».
Fernando de Rosa mantiene reuniones periódicas con el colectivo de LAJ «para conocer su problemática e intentar que sus reivindicaciones sean atendidas».
Por otra parte, el portavoz de Justicia del PP ha pedido la comparecencia de la nueva ministra en el Senado para que informe sobre los planes de actuación del Ministerio, y «sobre todo que explique sus ataques al Tribunal Constitucional», en alusión a sus declaraciones de ayer sobre la sentencia del órgano de garantías que ha declarado inconstitucional parte del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declaró el primer estado de alarma de la pandemia.
Fernando de Rosa fue presidente de la Audiencia Provincial de Valencia y el último vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (2008-2013) antes de que este puesto desapareciera por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2013, y presidente en funciones del órgano de gobierno de los jueces en la primavera de 2012.
