La representación jurídica de Vox ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, donde se investiga un posible delito de malversación o fraude en el rescate de Plus Ultra por parte del Gobierno de España, que se reclame una caución a los socios integrantes de la aerolínea dado que la compañía no posee ningún bien mueble o inmueble.
La caución consiste en prestar una garantía para asegurar el cumplimiento de una obligación actual o eventual, y esta petición de la vicesecretaria juridica de Vox, Marta Castro, se produce después de que el juzgado acordara dejar sin efecto el auto de 21 de julio en el que suspendió el pago de 34 millones de euros que corresponden al segundo tramo del rescate. Esa medida fue adoptada por el juez Jaime Serret, quien ejercía en ese momento funciones de sustitución de la magistrada Esperanza Collazos por vacaciones.
Precisamente, esta misma semana la compañía ha emitido un comunicado en el que mostraba su sorpresa ante la solicitud realizada por el Partido Popular ante el juzgado para que se acordara la constitución de una hipoteca mobiliaria sobre la aeronave o aeronaves que pudiera tener en su activo la compañía, dado que no cuenta con aeronaves en propiedad.
Por otro lado, Vox traslada al juez en su escrito, del que ha informado a través de una nota de prensa, de que se han realizado vuelos «no contemplados en el plan de viabilidad» de la compañía, y advierten de que «pudieran ser origen de desviaciones económicas con trascendencia patrimonial en la sociedad Plus Ultra».
Concretamente se refieren a los vuelos PU851 y PU852 –Madrid-Dheli, Delhi-Madrid–, que a juicio de los de Abascal no forman parte de las rutas habituales, pero que se habrían realizado este mismo mes de agosto. Por ello, la formación solicita que se libre oficio a Plus Ultra para que aporte el análisis del coste real de ambos vuelos, y que se requiera a AENA para que aporte las órdenes de vuelo y los registros que obren en su poder de ambos vuelos, operados el 15 y 17 de agosto de 2021, respectivamente.
Denuncia en Panamá
Por otro lado, Vox ha puesto a disposición del juzgado «la denuncia admitida por la Superintendencia Panamá en relación a las operaciones de Panacorp con Plus Ultra». El partido de Abascal quiere que en ese país centroamericano se investiguen «posibles irregularidades» en el préstamo participativo que Panacorp concedió a la aerolínea Plus Ultra y que, según esta formación, permitió que la compañía aérea fuera «elegible» para el rescate de 53 millones de euros que aprobó el Gobierno de España.
La denuncia se presentó ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá y ha sido promovida por la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, y por el diputado Víctor González, responsable económico del partido.
