La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada de Criminalidad Informática, ha remitido una comunicación a los integrantes del Ministerio Fiscal para informar y facilitar la aplicación en los diferentes procedimientos del Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea, en su labor como Punto Nacional de Contacto.
El protocolo se enmarca en el acuerdo interinstitucional para colaborar en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia suscrito el 19 de septiembre de 2018.
Precisamente, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía 2020 en la apertura del año judicial de este lunes afirmó que los delitos de odio y discriminación «atacan los valores estructurales de nuestro sistema constitucional y de nuestra convivencia democrática».
Los motivos más numerosos, subrayó, se refieren a la orientación sexual, al racismo y la xenofobia. Además, afirmó que se ha apreciado un sensible aumento del motivo ideológico, especialmente a través de las redes sociales.
En este protocolo, la Fiscalía General del Estado asume un papel protagonista en la lucha contra el discurso del odio en red, encargándose específicamente de tramitar el traslado a los prestadores de servicio de alojamiento de las resoluciones judiciales que se dicten sobre la retirada o bloqueo en el entorno digital de aquellos contenidos ilegales, a través de un canal preferente que será gestionado por la Unidad Especializada de Criminalidad Informática, para garantizar así su ágil y efectivo cumplimiento y para la debida protección de las víctimas y personas vulnerables.
La Fiscalía General subraya en la comunicación su compromiso e implicación para perseguir, combatir y erradicar los delitos de odio y discriminación, «unas conductas que atentan gravemente contra los elementos estructurales y vertebradores del orden constitucional, de nuestro sistema de derechos y libertades y de la propia dignidad humana».
Este protocolo fue suscrito el pasado mes de febrero por la Fiscalía General del Estado, el CGPJ, las Secretarías de Estado de Justicia, Seguridad, Educación, Deporte, Igualdad, Derechos Sociales y Migraciones y el Centro de Estudios Jurídicos, así como por organizaciones de la sociedad civil y por prestadores de servicios de alojamiento de datos, a través de la Asociación Española de Economía Digital, en la que se integran empresas como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter o Microsoft.
