CCOO y UGT han presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional (AN) contra la plataforma Uber Eats por un despido colectivo que afectó a más de 3.000 trabajadores, presentado el pasado 12 de agosto, «bajo el pretexto de la entrada en vigor de la Ley Rider».
Según han informado en un comunicado conjunto, esta acción ha supuesto que más de 3.000 repartidores en toda España no pudieran seguir trabajando cuando estaban esperando a ser contratados por la propia empresa.
Para ambos sindicatos, «la desconexión masiva de todas las personas que trabajaban para Uber Eats se debe entender como un despido colectivo que se ha realizado de forma irregular, sin garantizar los derechos respaldados por el Estatuto de los Trabajadores y el convenio sectorial que regula sus relaciones colectivas de trabajo.
CCOO y UGT recuerdan que Uber Eats tuvo varias denuncias ante la Inspección de Trabajo en Madrid y Barcelona, cuyas resoluciones dictaminaron que existía una relación laboral entre las personas trabajadoras y la plataforma, y que, junto con la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Glovo y la nueva Ley 9/2021, encaminó legalmente a Uber Eats a la obligación legal de contratar a todos sus repartidores.
Según estos sindicatos, «Uber Eats, para cumplir con la Ley Rider, tan solo había contratado a un número muy pequeño de repartidores a través de subcontratas».
UGT y CCOO explican que «ante la desprotección» en la que han dejado a miles de repartidores que han trabajado para Uber Eats y el «incumplimiento de la norma», han procedido a presentar esta denuncia ante la Audiencia Nacional con el fin de que todos los repartidores «puedan obtener todos los derechos y protecciones que establece la relación laboral».
Cuando el despido se produce en más de dos comunidades autónomas, el órgano competente es la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
«Desde UGT y CCOO apostamos por el cumplimiento de la Ley 9/2021 y vamos a trabajar para que todas las plataformas digitales de reparto cumplan con la norma. Por tanto, ésta no será la última acción que realicemos de forma conjunta ante los incumplimientos legales de las plataformas digitales de reparto», concluyen.
