La Audiencia Nacional ha aprobado la extradición de Jonathan Andrés Zuloaga Celemín, alias ‘El Nene’, a Colombia, donde se le reclama como jefe de sicarios de la organización criminal denominada ‘La Oficina’ y por su presunta implicación en la muerte de dos ciudadanos en aquel país en 2015.
En el auto 37/2021, 17 de septiembre, el tribunal explica que Zuloaga Celemín está reclamado en su país por homicidio, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Esto, de acuerdo con los hechos relatados en la solicitud de extradición, en España constituiría dos delitos de homicidio, dirección de organización criminal y tenencia ilícita de armas.
La Sala, integrada por los magistrados Jose Antonio Mora Alarcón, José Ricardo de Prada Solaesa -ponente- y María Dolores Hernández Rueda, descarta el delito de tráfico de estupefacientes, ya que la descripción de los hechos contenida en la solicitud de extradición no contiene «un relato mínimamente individualizado y preciso» respecto a algún episodio de la comisión de dicho delito.
De acuerdo con la solitud de Colombia, a Zuloaga Celemín se le relaciona con los homicidios a tiros, en marzo y abril de 2015, de dos ciudadanos colombianos, así como por su presunta participación en la estructura delincuencial denominada ‘La Oficina’ como «jefe de sicario o cabecilla, de acuerdo con diferentes interrogatorios y entrevistas aportados por testigos».
La Audiencia rechaza el argumento de la defensa de falta de concreción de los hechos y de que son los mismos por los que fue denegada su extradición en 2012.
Al respecto, la resolución explica, por un lado, que las autoridades colombianas refieren que el escrito de acusación se dirige contra varias personas, pero se menciona a Jonathan Andrés Zuloaga Celemín como integrante de la organización criminal “La Oficina.
Y, por otro lado, explica que «es obvio que no se trata de los mismos hechos que las anteriores peticiones de extradición», pues los hechos a que se refiere la presente demanda son de 2015 y la anterior denegación fue en 2012.
El hecho de la residencia legal del reclamado en España como su familia, señala la Sala, tampoco constituye obstáculo ni razón atendible para pronunciarse en contra de la extradición.
