El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra varios artículos del Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional.
Estos preceptos establecen que los autos dictados por los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) en materia de autorización o ratificación judicial de medidas adoptadas por las autoridades sanitarias que impliquen restricción de derechos fundamentales, serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS).
El TC da traslado al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno de la demanda y los documentos presentados para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
El PP alega que no concurre el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad y que la norma podría vulnerar los límites materiales del Decreto-Ley (artículo 86.1 de la Constitución).
Sostiene que los preceptos impugnados afectarían al derecho a la tutela judicial efectiva y al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
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