La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto un expediente al Tribunal Constitucional (TC) por supuesta captación excesiva de datos a raíz de una denuncia de un abogado, José Luis Mazón.
Este letrado murciano, residente en Madrid, presentó el pasado mes de junio una reclamación ante la AEPD por presunta vulneración de varios artículos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
En concreto, de los artículos5.1.c); 6.1; 9 y 13.
Según informa Mazón, el pasado 8 de junio acudió al Tribunal Constitucional a presentar un recurso de amparo «que precisamente era sobre el derecho a la privacidad» y se encontró con que al acceso a sus instalaciones se le sometió a un control de temperatura a través de una pantalla de reconocimiento biométrico, «en el que se registra la biometría de la cara que permite su localización por cualquier cámara».
Denuncia que no se le ofreció «ninguna advertencia o información en torno al tratamiento de sus datos».
Este letrado entiende que se trata de «un tratamiento de datos excesivo y sin la debida información previa».
«La cámara con la temperatura y el biométrico era manifiestamente ilegal, y se lo comenté al policía que había», apunta Mazón, que ese mismo día presentó la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por registro electrónico.
En la denuncia expone: «Veo que le estoy confiando la custodia de mis ovejas a un lobo que son orwellianos».
La Agencia dio traslado al Tribunal Constitucional de la reclamación presentada por Mazón para alegaciones en el plazo de un mes, que el tribunal emitió el 15 de julio.
Tras examisar las alegaciones del tribunal de garantías, la Agencia concluye que, a tenor de la información preliminar de la que dispone, «se aprecian indicios racionales de una posible vulneración de las normas en el ámbito de las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos, sin perjuicio de lo que se determine en el curso de la tramitación».
Un acuerdo, adoptado hoy, contra el que no cabe recurso administrativo alguno, «sin perjuicio de la posibilidad que tienen los interesados de realizar alegaciones para oponerse al mismo, las cuales serán consideradas en la resolución que ponga fin al procedimiento».
«El Constitucional viola el deber de ejemplaridad, es el guardián de los Derechos Fundamentales, entre ellos la privacidad. No puede decir una cosa y hacer lo contrario», manifiesta el denunciante.
Mazón espera que «esto concluya con responsabilidades personales dentro del Tribunal Constitucional», porque, según denuncia, «es una ilegalidad».
Este abogado recuerda que también denunció en 2004 a 11 magistrados del Constitucional «por inadmisión no motivada de un recurso de amparo, y fueron condenados por el Tribunal Supremo» a pagarle 5.500 euros de indemnización, «que años más tarde, el TC anuló».
