Los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en el Consejo Fiscal están satisfechos con la información que recibieron ayer en el Consejo Fiscal sobre el ‘caso Stampa’.
Así lo han manifestado en un comunicado, en el que muestran su preocupación ante el daño a la imagen del Ministerio Fiscal que ocasionan informaciones «inciertas y no contrastadas» que han publicado varios medios de comunicación sobre este caso.
Inés Herreros Hernández (presidenta de la asociación), Aurelio Blanco Peñalver, Carlos García-Berro Montilla y Eduardo Navarro Domínguez señalan que los vocales del Consejo Fiscal recabaron ayer, durante cuatro horas, diversa información sobre los acontecimientos ocurridos alrededor de los nombramientos de la Fiscalía Especial Anticorrupción derivados del Pleno del 27 de octubre de 2020.
Afirman que han recibido «nutrida información» por parte de los fiscales de Sala Jefes de la Inspección Fiscal, Fiscalía Especial Anticorrupción y Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que los vocales de la lista de la UPF formularon diversas preguntas y se sometieron a debate diversas valoraciones en relación a la información ofrecida por estos fiscales de Sala a propósito de las noticias publicadas en varios medios de comunicación que, «difamando y perjudicando la imagen del Ministerio Fiscal y de toda la Carrera Fiscal, han publicado información incierta y no contrastada».
Según explican, les «apena» que «la única respuesta» de los vocales de la lista de la Asociación de Fiscales (AF) «haya sido el silencio» para, en el momento de concluir ese punto del orden del día del Consejo Fiscal, «pedir documentación sin precisar la relación que tenía con el objeto del debate».
Señalan que en la sesión de ayer se procedió a la lectura del acta del citado Pleno del 27 de octubre de 2020, en el que «varios vocales de la lista de la Asociación de Fiscales hablaron de la necesidad de proponer perfiles serios, discretos, rigurosos y alejados de la polémica para la Fiscalía Anticorrupción». Apuntan que ninguno de los cinco vocales de la AF apoyó las candidaturas de los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano, y que el primero no obtuvo ningún solo voto en aquel Consejo Fiscal, mientras que Serrano, cinco votos, siendo propuesto este por la fiscal general del Estado.
Indican que en aquella sesión del Consejo Fiscal, todos los vocales éramos plenamente conscientes de la existencia de unas diligencias de investigación incoadas contra el fiscal Ignacio Stampa pues él mismo se dirigió a los consejeros proporcionando documentación relativa a esta circunstancia.
En este punto, quieren trasladar a la Carrera que los vocales del Consejo Fiscal «nunca verán su criterio alterado por denuncias interpuestas por partidos políticos aprovechando el momento de la presentación de cualquier compañero a una candidatura a una plaza discrecional».
«Por ello, ni la presentación de esa denuncia de VOX contra un compañero, ni cualquier otra que se produzca en el futuro, nos apartará de la toma de decisiones que realizamos en función del mérito y capacidad», remachan.
Por otra parte, los vocales de la UPF manifiestan su apoyo a los fiscales que fueron nombrados para la Fiscalía Anticorrupción tras el Pleno del 27 de octubre de 2020. «Sus méritos y capacidad avalados con sus magníficos currículums no pueden verse ensombrecidos por difamaciones nacidas de vanidades, ajenas al espíritu de equipo que debe presidir al Ministerio Fiscal», subrayan.
En cuanto al informe sobre el Real Decreto de Sustituciones en la Carrera Fiscal, cuyo ponente fue Carlos García-Berro, indican que «en este reglamento se incorporan muchas previsiones resueltas en la práctica diaria, ofreciendo una mayor seguridad jurídica a todas y todos e incorpora las sugerencias realizadas desde la propia Fiscalía, recogiendo el sentir y la casuística de lo que ocurre en nuestras fiscalías».
«Esta norma, al dejar en su desarrollo un amplio margen a la Fiscalía General del Estado por la vía de la elaboración de una instrucción al efecto, supone otro avance importante para la autonomía de la carrera fiscal», manifiestan.
Los vocales de la UPF insistieron «en la necesidad de que todas las contingencias sean resueltas a través del régimen de sustituciones y que todas ellas, sea cual sea su tipo y su duración, sean retribuidas adecuadamente».
«Nunca un trabajo extraordinario debe quedarse sin la adecuada retribución», sentencian.
También informan que en el turno de ruegos y preguntas, los vocales electivos, a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales, instaron a la Fiscalía General del Estado a adoptar cuantas medidas estuvieran a su alcance a fin de paliar la «penosa situación» en la que se encuentran los fiscales en expectativa de destino.
Manifiestan que «en un momento en que se aboga por la supresión de la tercera categoría, parece que bajo nuestros pies está creciendo una cuarta categoría, de peor condición, integrada por fiscales a los que no se les está atendiendo adecuadamente en sus justas reivindicaciones».
También fueron informados por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de la reunión que había mantenido con dos fiscales en expectativa de destino de quiénes ha conocido los principales problemas que sufren en la actualidad y de las líneas de trabajo que se han acordado para solventar las dificultades que ocasiona dicha situación administrativa.
Por otra parte, en relación con el nombramiento discrecional para la plaza de teniente de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional para la que ha sido propuesto Pablo Vicente Contreras Cerezo, y contó con el apoyo de los cuatro vocales de la UPF, la fiscal jefa de la Inspección Fiscal y el teniente fiscal del Tribunal Supremo, los vocales de la UFP destacan que «este compañero lleva 14 años trabajando en la Fiscalía ante el TC y cuenta con un enorme respaldo de sus compañeros por el desempeño de su trabajo y su rigor profesional».
El fiscal José Antonio Sánchez Garrido contó con el apoyo de los vocales de la AF.
Respecto al nombramiento discrecional para la plaza de fiscal de la Inspección Fiscal, ha sido propuesta Olalla Vázquez Moraga, destinada actualmente en la Fiscalía Provincial de Barcelona, con el apoyo de los cuatro vocales de la UPF, la fiscal jefa de la Inspección Fiscal y el teniente fiscal del Tribunal Supremo.
Los vocales de la UPF señalan que esta fiscal es la única peticionaria, de todas las candidaturas presentadas, que acreditaba formación actualizada en derecho administrativo y que cuenta con tres posgrados universitarios sobre esta materia, conocimientos de diversos idiomas y experiencia en la gestión de equipos.
María Lourdes Aznar Gracia contó con el apoyo de los vocales de la AF.
En relación con el nombramiento discrecional para la plaza en comisión de servicios de la Audiencia Nacional, fue propuesto Manuel García Campoy, fiscal experto en derecho administrativo, único peticionario de la plaza y contó con el apoyo unánime del Consejo Fiscal.