El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha reiterado este lunes que su grupo empresarial, CENYT, era una tapadera para su trabajo como agente de Inteligencia, asegurando que así se plasmó por escrito en 1995 y, más recientemente, en un informe de compatibilidad de actividades policiales y privadas que cree que encargó el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por iniciativa propia.
Así lo ha expuesto Villarejo, según Europa Press, durante la declaración que ha prestado como acusado en el marco del juicio donde se ventilan tres piezas separadas de la macrocausa ‘Tándem’, centradas en las labores de espionaje que habría realizado con CENYT para despachos de abogados, empresarios y particulares y por las que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a 109 años de cárcel.
A preguntas del fiscal Miguel Serrano, el comisario retirado ha reconocido que durante los años 2012, 2013 y 2014, en los que se desarrollaron algunos de esos trabajos, percibió una nómina como agente en activo, indicando que estaba obligado a ello para poder actuar «dentro de las estructuras del Estado», al tiempo que ejercía de «cabeza de familia» de CENYT y estaba dado de alta en el Colegio de Abogados de Madrid como letrado.
Serrano ha querido saber si hubo autorización oficial para que Villarejo actuara con esta triple vertiente, ante lo cual el acusado ha expuesto que ya en 1995, «cuando surgieron los primeros incidentes», hizo un escrito donde explicó «detalladamente» cuál era «el pacto» por el que accedía a volver al servicio activo como agente de Inteligencia y con la «cobertura» de sus empresas. «Jamás me contestaron y me dijeron: ‘Te has vuelto loco'», ha zanjado.
Además, ha recordado que hay un expediente de compatibilidad de los años 2015 y 2016 que daba el visto bueno a que compaginara CENYT, la cual ha definido como «una empresa multidisciplinar que abarcaba el ámbito de cualquier despacho de abogados y el análisis de inteligencia», con su estatus policial.
Villarejo ha aclarado que él no solicitó que se elaborara este nuevo informe. «Yo no pedí nada (…) Yo estaba convencido de que estaba trabajando para mi país, para los distintos gobiernos, y, por tanto, pedir explicaciones al presidente de Gobierno de turno de cómo estaba o no estaba legalizada mi situación me parecía una auténtica incongruencia», ha subrayado.
Así, ha señalado que cree que dicho informe lo ordenó el ministro de Interior, entonces Jorge Fernández Díaz, «probablemente a sugerencia del presidente del Gobierno, que ya empezaría a preocuparse», por la aparición de las primeras informaciones en prensa sobre el comisario.
No obstante, ha declarado que sí colaboró en la elaboración del informe. En concreto, ha detallado que se reunió con el responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) y el director general de la Policía del momento, Eugenio Pino e Ignacio Cosidó, respectivamente, para facilitar datos con este propósito.
En cualquier caso, Villarejo ha defendido que «todas las labores de Inteligencia suelen ser secretas», por lo que «hay muy pocas cosas que se escriben». Por ejemplo, ha apuntado, «tampoco creo que hay autorización por escrito para financiar a terroristas y que liberen secuestrados, y se ha hecho».
En su caso, ha incidido en que se dedicaba a «cuestiones muy delicadas referidas a intereses del Estado», de modo que –ha razonado– «si hubiese salido con luz y taquígrafos» sus funciones de agente de Inteligencia «no habrían tenido sentido».
