El Consejo General de la Abogacía, que preside Victoria Ortega, entendió que con la decisión del Consejo de Ministros de "declarar caducado el procedimiento de revisión de oficio", se daba carpetazo al asunto. El Ministerio de Justicia ha aclarado que no, que seguirán reclamando ese dinero. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El Ministerio seguirá reclamando al CGAE y al ICAM los 365.000 € abonados a abogados del turno por asistencia a empresas
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25/2/2022 01:30
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Actualizado: 26/2/2022 12:02
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El Ministerio de Justicia no renuncia a recuperar los 365.000 euros que se abonaron, a través del Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Madrid, a los abogados del turno de oficio que defendieron a personas jurídicas (empresas) imputadas en la macrocausa Gürtel, que no tenían fondos para sufragar sus defensas legales.
El caso se instruyó en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron ayer a Europa Press que el trámite para exigir la devolución se afrontará ahora después de que haya caducado un procedimiento alternativo y en el que se revisaba de oficio el convenio que se firmó en su día para dilucidar si el mismo era correcto.
De esta forma, este Ministerio «aclara» al CGAE que era errónea la interpretación que había hecho de la decisión del Consejo de Ministros de «declarar caducado el procedimiento de revisión de oficio de la estipulación contenida en la cláusula segunda y concordantes del convenio de colaboración para la prestación y mejora de la asistencia jurídica en el procedimiento» seguido en el Juzgado Central de Instrucción 5, del que es titular Santiago Pedraz.
La vía para afrontar este reintegro, señalan, es un cauce distinto a este primero y que el Consejo de Ministros dio por caducado el pasado martes.
Se trata de un procedimiento de reintegro abierto desde el 9 de abril de 2021, que caduca el mismo día de este año, por el que Justicia instará a la Abogacía la devolución de un importe excedente.
UNA ASIGNATURA PENDIENTE DEL LEGISLATIVO
La pasada semana el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, advirtió, al hilo de este asunto, al Ministerio de Justicia que emrpendería acciones legales si rechazaba abonar los honorarios de los abogados del turno de oficio designados para defender a personas jurídicas, un asunto muy «grave» propiciado por la reforma del Código Penal de 2010, en el que las declaró imputables y, por lo tanto, condenables.
La Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita reconoce a las personas físicas, a los ciudadanos, el derecho a la justicia gratuita y, por lo tanto, a disponer de un abogado del turno de oficio, es decir, un abogado gratis, «cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar».
La mencionada reforma del Código Penal se produjo 14 años más tarde, a través de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, que no fue seguida por una modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que hubiera sido lo lógico.
La consecuencia es que los abogados del turno de oficio designados por el Colegio de Abogados de Madrid en macrocausas como la mencionada de la Gürtel, están obligados a asumirlas a cambio de nada. Por amor al arte. Porque la ley no lo contempla.
Este escenario no lo contempló el legislador cuando hizo esa reforma a través del artículo 31 bis del Código Penal.
Parece ser que se le olvidó. Es su asignatura pendiente.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los colegios de abogados a proveer de abogado y procurador de oficio a aquellas personas investigadas, si no nombran los suyos, si así lo dicta la autoridad judicial.
El decano Alonso declaró que este impago está llevando a una situación «inadmisible» con renuncias de abogados de oficio en casos de relevancia como el siguiente capítulo del caso Gürtel o Titella en el que se investiga a José Luis Moreno.
Según cifras del Colegio, habría más de una decena de abogados de oficio afectados por esta cuestión de incertidumbre jurídica.
Ante ello, ha vuelto a reiterar al departamento que dirige Pilar Llop que solucione esta problemática derivada de la reforma del Código Penal al no tener en cuenta la ley la asignación de justicia gratuita a personas jurídicas.
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