La Comunidad de Madrid ha actualizado los baremos que aplica para compensar el trabajo de los abogados que realizan la asistencia jurídica gratuita en su territorio, cuya competencia comparten dos colegios, el de Madrid y el de Alcalá de Henares.
En la tabla comparativa, elaborada por la Consejería de Presidencia, Justicia y Víctimas de la CAM, competente en este campo –y publicada hoy por el BOCAM– se desprende que esta Comunidad Autónoma paga mejor a los abogados que ejercen en este servicio que en el territorio Ministerio, que se compone de las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Así, se puede observar que, de acuerdo con la actualización, un abogado del turno de oficio que realice el servicio de guardia 24 horas de asistencia jurídica gratuita al detenido en la Comunidad de Madrid recibe 220 euros frente a los 154,16 que abona el Ministerio en su demarcación.
Lo mismo sucede en los procedimentos de Tribunal del Jurado (CAM: 600 euros; Ministerio: 405,69 euros), en asuntos de especial complejidad (CAM: 600 euros; Ministerio: 360,61 euros).
López ha señalado que “se ha tenido en cuenta la carga de trabajo que asumen estos profesionales en cada procedimiento, por lo que destinaremos un total de 40,4 millones de euros a los abogados y 5.650.000 euros a los procuradores, a los que se suman para turno de oficio 3,6 millones y 600.000 euros respectivamente. Unos baremos, en los que, de media, pagamos un 30% más que el Ministerio de Justicia en su territorio”.
El montante de la inversión del Gobierno Regional en Justicia Gratuita se eleva hasta 51,6 millones de euros contando con 1.280.000 euros destinados a subvencionar el Servicio de Orientación Jurídica Gratuita, que prestan los colegios de abogados en la región -un 82% más respecto al pasado ejercicio- y con los 120.000 euros dirigidos a sufragar el pionero Servicio de Representación Procesal gratuito de los procuradores, situándose de esta manera a la vanguardia de la ayuda que pueden recibir las víctimas del delito de odio y de violencia de género, asumiendo su representación antes de que sea obligatoria en el procedimiento.
El consejero madrileño ha destacado el papel de la Constitución Española como garante para que todas las personas puedan defenderse ante los tribunales de Justicia, con independencia de su capacidad económica, y que puedan hacerlo con todas las garantías inherentes a un proceso.
Para los abogados, algunos de los mayores incrementos en los baremos se producen en sus intervenciones en los procedimientos penales de menores y en los juicios leves. En el caso de los procuradores, por su parte, suben las actuaciones en primera instancia, tanto de la jurisdicción penal como de la civil.
La asistencia jurídica gratuita se encuentra regulada a través de una ley estatal, y el Gobierno autonómico, en el ejercicio de sus competencias transferidas, es la encargada de poner los medios necesarios para que todos los ciudadanos de la región puedan beneficiarse de este derecho.
El Consejo de Gobierno de la semana pasada aprobó el incremento del 7% en la inversión para esta materia: 46 millones de euros en total, de los que 40,4 se serán para los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares y 5,6 al Colegio de Procuradores de Madrid.
Más agilidad gracias al expediente electrónico
“A lo largo de los dos últimos dos años, hemos trabajado en conseguir el acceso integrado –el denominado expediente electrónico– por parte de las administraciones públicas competentes, a toda la información requerida a los solicitantes de justicia gratuita. Con ello hemos conseguido agilizar los expedientes administrativos en este campo y muy especialmente los referidos a la jurisdicción penal, que ya se resuelven de manera automática”, ha explicado el consejero.
López ha concluido recordando que “fue el Tribunal Constitucional quien señaló que la justicia gratuita no es sólo garantía de los intereses de los particulares, sino también de los generales de la Justicia, ya que asegura la igualdad procesal entre las partes y facilita al juzgador dictar una sentencia ajustada a Derecho”.
