Hoy se ha publicado en el BOE la Orden para la convocatoria conjunta de los Ministerios de Justicia y de Universidades de la primera prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado para 2022.
Desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de la abogacía y la procura, es de obligado cumplimiento la superación de esta prueba de aptitud como requisito previo para ejercer la profesión.
Según ha informado el Ministerio de Justicia, en esta ocasión, como ya sucedió en las convocatorias de 2020 y 2021, la prueba -que será única e idéntica para todo el territorio español- se celebrará online de manera simultánea con cualquier dispositivo con acceso a Internet, a través de la plataforma AVEX de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Esta convocatoria no contiene limitación alguna en el número de plazas. Los aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles para la presentación de las solicitudes de forma telemática, a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, que comienza mañana.
Finalizado el plazo de subsanación de errores y publicada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que podrá consultarse en la página web del Ministerio de Justicia, se fijará la fecha y la hora para la realización de la prueba.
La evaluación consistirá en una prueba de carácter escrito y objetivo, con contenido teórico-práctico de respuestas múltiples para contestar a un total de 75 preguntas. Estas aparecerán de una en una, de manera aleatoria, con opciones de avance, retroceso y corrección de las respuestas durante los sucesivos tiempos del ejercicio.
El programa fijado por el Ministerio de Justicia, incluido en la Orden publicada hoy, se divide en dos secciones. La primera parte de la prueba está compuesta de 50 preguntas sobre materias comunes referidas a la deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión.
La segunda parte consta de 25 preguntas sobre materias específicas de los ámbitos civil y mercantil, penal, administrativo y contencioso-administrativo, y laboral.
La prueba podrá realizarse en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales autonómicas.
