Los jueces de instrucción de La Coruña y Vigo se reunirán el próximo martes en ambas ciudades en una junta sectorial para volver a reiterar la necesidad de que en ambos partidos judiciales se implemente el servicio de guardias de 24 horas y reclamar a la Xunta que consigne “de manera inmediata” el presupuesto necesario para su implantación.
Un llamamiento que ya hicieron en febrero a la Administración autonómica, instándole a hacer efectiva “de manera inmediata” la dotación presupuestaria necesaria para sustituir las guardias semanales actuales por las de 24 horas, pero la Administración gallega, por el momento, no ha atendido a la solicitud.
Los jueces de instrucción de La Coruña y Vigo recuerdan que son los únicos partidos judiciales del Estado que, con sus características, carecen de ese sistema de turno rotatorio diario y realizan guardias semanales.
Destacan que la iniciativa cuenta “con el apoyo unánime de todos los colectivos implicados en la Administración de Justicia”, así como con dotación económica del Ministerio de Justicia, pues está incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2022.
Además, inciden en que su implementación es “imprescindible para garantizar un servicio público moderno, ágil y eficaz”, al tiempo que indican que su necesidad también está justificada por “la tendencia al alza de los índices de criminalidad y la necesidad de atender a las peculiaridades de los delitos relacionados con la violencia de género”.
EL TSXG INFORMÓ EN 2019 DE FORMA FAVORABLE A LA IMPLANTACIÓN DE ESTA MEDIDA, QUE CUENTA CON EL AVAL DEL CGPJ
La Sala de Gobierno del ‘Tribunal Superior de Xustiza de Galicia’ (TSXG) ya cursó en 2019 la solicitud del cambio del sistema al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras dar el visto bueno a la propuesta de los jueces de instrucción de La Coruña y Vigo, y en abril del año pasado el Consejo emitió un informe favorable a la implantación de la medida, si bien advertía que el cambio estaba condicionado a que la Xunta y el Ministerio de Justicia asumiesen su coste económico.
El sistema, según indicaba el CGPJ, mejoraría el servicio que se ofrece a la ciudadanía.
