Solo el desconocimiento sobre el funcionamiento interno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puede explicar las críticas vertidas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra el órgano de gobierno de los jueces en el marco de una entrevista en TVE. En la misma también acusó al CGPJ de intentar poner obstáculos a las leyes feministas.
«Conocen la ley, saben cuáles son sus plazos, y no han hecho sus trabajo; el Gobierno ha cumplido con toda la ley», declaraba hoy Montero.
De acuerdo con fuentes del órgano de gobierno de los jueces, el proceso de elaboración de informes sobre futuras leyes –como la del aborto–, en las que debe que pronunciarse sobre materias sensibles relacionadas con derechos fundamentales exige poner el máximo cuidado.
Porque además del trabajo de los ponentes hay que estudiar y aprobar las aportaciones del resto de los vocales, a fin de conseguir el máximo consenso.
Ese fue el caso de otros informes como el de la ley de delitos contra la libertad sexual o la conocida como ley ‘trans’, que consiguieron el voto unánime de los miembros del Consejo.
LA MINISTRA CONSIDERA QUE TENÍA QUE HABER ESTADO EN 15 DÍAS
La ministra de Igualdad reprochó al CGPJ haber tardado un mes en emitir su informe sobre el anteproyecto de Ley del aborto. Quería que estuviese listo en 15 días.
Un plazo imposible, según estas mismas fuentes.
Cabe recordar que el CGPJ debe emitir sus informes sobre anteproyectos de ley en el plazo improrrogable de 30 días. Si bien, si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será de quince días.
Las prórrogas a estos plazos son concedidas excepcionalmente por el órgano remitente, en este caso el Gobierno, y es de 15 días, salvo en los casos en los que en la orden de remisión se hubiere hecho constar la urgencia del informe, en cuyo caso será de diez días.
Las normas de funcionamiento del CGPJ dicen que cuando no hubiera sido emitido informe en los plazos previstos, se tendrá por cumplido dicho trámite.
Sobre la acusación, también vertida contra el Consejo, al que Montero acusa de poner trabas a los proyectos feministas, el CGPJ considera que la ministra de Podemos va desencaminada, por su desconocimiento, nuevamente.
«El Consejo elabora informes técnicos que adolecen de ideología y le recuerdan que la ponencia sobre esas dos leyes fue aprobada con los votos de los vocales de ambos sectores», recuerdan.
