Así lo establece el Boletín Oficial del Estado (BOE) que ha publicado hoy el texto una vez que el Congreso de los Diputados rechazara, en el Pleno Extraordinario del pasado 25 de agosto, las cuatro enmindas propuestas por la Cámara Alta.
Dicho texto legal ha sido «bautizado» con el larguísimo título «Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados
aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).
El proyecto de reforma fue aprobado por la Cámara Baja el pasado 30 de junio por una mayoría del 54,8 %, 184 de 339 votos emitidos, y el 45,72 % de abstenciones, 155 votos. Ningún voto en contra.
Votaron a favor PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, el PRC, Coalición Canaria y Teruel Existe.
Y se abstuvieron PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, el BNG y Foro Asturias.
Esta reforma fue acompañada en el Congreso por una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para descargar los Juzgados de lo Mercantil de las acciones colectivas de consumidores, usuarios y viajeros, que pasarán a los Juzgados de Primera Instancia.
