El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama Teixeira ha propuesto juzgar a cerca de un centenar de presuntos miembros de una organización criminal que extorsionaba a los usuarios de una página web de contactos con la amenaza de agredirles y de poner en conocimiento de su entorno familiar que habían tratado de concertar una cita de servicios sexuales si no pagaban una determinada cantidad de dinero.
En un auto, el magistrado acuerda continuar la tramitación de esta causa, derivada de la operación Lubido, por los trámites del procedimiento abreviado por delitos de organización criminal y extorsión.
Esta investigación se inició en 2018 en el Juzgado de Instrucción 3 de Teruel y posteriormente pasó a la Audiencia Nacional por tratarse de una organización criminal que operaba en más de una provincia.
Según relata Calama en la resolución, de 248 páginas, Masinissa Ferrah Muñoz e Ismael Bousnina Obando, líderes de este grupo criminal dedicado a la sextorsión -extorsión sexual a través de la red-, ordenaban o efectuaban directamente la publicación de diversos anuncios en una web de contactos sexuales para adultos -www.pasión.com- en distintas provincias, con idéntico contenido y números de teléfono de contacto, que éstos controlaban directamente.
Una vez que los usuarios de la web contactaban a través de WhatsApp con las mujeres que supuestamente prestaban el servicio de alterne, la trama utilizaba el número de teléfono a través del que habían contactado para obtener (fundamentalmente a través de las redes sociales) información personal de ellos y les hacían creer que habían concertado una cita, cuando únicamente se habían interesado por las tarifas de los servicios.
AMENAZAS DE MUERTE A LAS VÍCTIMAS
Obtenida la información personal sobre el usuario, días o semanas más tarde, comunicaban con ellos, por teléfono o mediante el envío de mensajes de texto, exigiéndoles cantidades de dinero por no haberse presentado a la cita que, supuestamente, habían concertado. Para lograr sus fines, hacían saber a las víctimas que eran conocedores de sus datos personales, como su lugar de residencia, su vida en pareja, el lugar de trabajo, y otra información relativa a su intimidad.
Además, utilizando dicha información, les amenazan, incluso de muerte, coaccionándoles a ingresar determinadas cantidades de dinero en distintas cuentas bancarias a través de cajeros automáticos.
Calama explica que inicialmente, con carácter general, las víctimas no accedían al propósito de las amenazas o accedían a un pago simbólico. No obstante, indica que la organización, lejos de poner fin al acoso, mantenía e incrementaba el tono, llegando a realizar amenazas de muerte, lo que desembocaba, en una gran parte de las ocasiones, a que las víctimas accedieran a realizar el pago solicitado, en algunos casos de miles de euros.
Pese a ello, prosigue, la red reiteraba sus amenazas y coacciones para conseguir nuevos pagos bajo el pretexto de que se habían contraído deudas por otros conceptos o que debía abonarse dinero a otros individuos, como a la chica que iba a prestar el servicio de alterne, el jefe, etc.
En ocasiones, para conseguir sus objetivos, amenazaban a sus víctimas con enviar a sus domicilios a personas de países de Europa del este para darles una paliza o, incluso, matarlos si no pagaban, profiriéndoles amenazas tales como “en media hora quiero mi dinero y si no te pegaré dos tiros en la pierna”, “baja el tonito de voz si no quieres que te parta las piernas”, y “venga, hijo de la gran puta, ahora vas a ver, te voy a pegar dos tiros cuando te vea. Te voy a vaciar un cargador en la cabeza”.
ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA Y ESTRUCTURADA EN TRES NIVELES
La organización criminal, explica el magistrado, estaba estructurada, jerárquica y funcionalmente, en tres niveles perfectamente diferenciados. Un primer nivel, con funciones de organización y dirección; un segundo nivel, encargado de la logística y apoyo, como facilitar tarjetas de telefonía, colocación de anuncios en páginas web, recepción y ocultación del dinero; y un último escalafón, en el que se situaban las “mulas”, personas que aportaban sus números de cuentas bancarias y que eran facilitadas a las víctimas para el ingreso de las cantidades a las que eran obligadas.
A raíz de la investigación inicial, el juzgado abrió otra pieza separada denominada banking para investigar otro entramado criminal cuya única finalidad era la sustracción de información de bancos y empresas radicadas en España, Austria, Alemania, Francia y Portugal, así como de pagarés y cheques emitidos por entidades mercantiles. Esos datos eran utilizados para confeccionar y falsificar cheques bancarios que, posteriormente, facilitaban a otros miembros de la organización criminal para ser cobrados por mulas económicas.
En el marco de esta otra pieza separada, el juez de la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a cerca de 40 personas por delitos continuado de falsificación en documento mercantil en concurso ideal con delito continuado de estafa y otro de organización criminal.
