Hay pocos precedentes como este en el que un bufete de abogados europeo, español en este caso –Pérez Lema Abogados– haya interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En este caso la del pasado 5 de mayo que cerró la puerta a que los accionsitas del Banco Popular pudieran reclamar al Banco Santander.
El caso reviste los mismos perfiles que los que antaño involucraron al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo.
El socio director de Pérez Lema Abogados, Xoán Antonio Pérez Lema cuenta, en esta batalla, con el apoyo de Durán & Durán Abogados y de su socio director, Miguel Durán.
La sentencia del TJUE recurrida ante el TEDH resolvía una cuestión prejudicial elevada al tribunal de Luxemburgo por la Audiencia Provincial de La Coruña.
De acuerdo con Pérez Lema, el TJUE siguió el critero del Abogado General –solo en el 67 % de los casos suelen seguirlo– que, en sus conclusiones, afirmó que los accionistas que sufrieron pérdidas por la absorción del Banco Popular por el Santander no podían reclamar compensación alguna sobre la base de que recibieron información defectuosa.
De esa forma, el tribunal de Luxemburgo dio la razón al Santander, que se hizo con la extinta entidad al precio simbólico de un euro tras la resolución, y «heredó» las cientos de demandas presentadas por los accionistas que perdieron su inversión.
«Tengo serias dudas sobre el abogado general», declaró Miguel Durán. «Introdujo criterios que no habían sido planteados en la cuestión prejudicial por la Audiencia Provincial de La Coruña, ni por los abogados del Santander ni por los aboados de los accionistas. Hicieron algo que no podían hacer que era interpretar el derecho español»; el TJUE, según el conocido abogado, «tuvo falta de imparcialidad».
Lo que se produjo, según Pérez Lema, fue una violación del derecho de propiedad al impedirse ejercer el derecho a reclamar para ser resarcidos. Una pelota que ahora queda en el tejado del TEDH.
