La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) ha informado hoy que «lamenta profundamente» que el presidente del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, «al que respalda», pueda verse abocado a renunciar al cargo y que «aún confía en que el Congreso de los Diputados y el Senado cumplan sin más demora sus obligaciones constitucionales antes de llegar a este punto”.
Así lo ha comunicado tras darle cuenta Lesmes de un informe sobre su eventual sustitución en la titularidad de ambas instituciones emitido por el director del Gabinete Técnico del CGPJ y que el TS comparte.
Así, insta a ambas cámaras, que tienen que elegir las vocalías del CGPJ, según el artículo 122.3 de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a que cumplan con sus obligaciones legales, como también han reclamado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).
Ante la circunstancia de que el Consejo se encuentra en funciones, desde hace casi cuatro años, lo que determina que no puede procederse a la elección de un nuevo presidente; que la vicepresidencia del Supremo se encuentra vacante tras el cese por jubilación en octubre de 2019 de su titular, Ángel Juanes, y que desde entonces el cargo ha sido cubierto interinamente o en funciones por el presidente de Sala del TS más antiguo -actualmente el presidente de la Sala Primera, Francisco Marín Castán-, Lesmes solicitó al Gabinete Técnico del Consejo que examinara los mecanismos de sustitución en la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ.
El próximo jueves también dará cuenta del mismo a los vocales del CGPJ.
El informe encargado por Lesmes concluye que «tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable». Así las cosas, se «excluye» la posibilidad de articular «vías diferenciadas de sustitución»; es decir, que no será posible que el vicepresidente del Supremo le sustituya en el tribunal y que el vocal de mayor edad asuma sus funciones en el Consejo.
Añade que excluida la doble vía de sustitución, esta ha de proveerse como canal único a través de la vicepresidencia del Tribunal Supremo, a cuyo titular atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en sus artículos 590 y 591.1 la función de sustituir al presidente.
La vicepresidencia del Supremo se encuentra vacante desde octubre de 2019, cuando el magistrado Ángel Juanes abandonó el cargo por llegar a la edad de jubilación. Desde entonces, el puesto ha sido cubierto interinamente por el presidente de Sala más antiguo, el magistrado Francisco Marín Castán, que será quien ocupe el cargo de Lesmes.
El Gabinete Técnico señala en el informe que el Tribunal Constitucional ya despejó «cualquier sombra de duda» al respecto cuando examinó la constitucionalidad del régimen de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, precisa que la sustitución de Lesmes se dará «de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno».
JJPD SE REUNIRÁ EL VIERNES CON BATET PARA SOLICITARLE LA REANUDACIÓN DEL PROCESO DE RENOVACIÓN
JJpD se reunirá el próximo viernes, 30 de septiembre, a las 11.00, con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para solicitarle la reanudación del proceso de renovación del Consejo, «que se interrumpió en noviembre de 2018 cuando el senador del Partido Popular Sr. Cosidó envió un mensaje jactándose de que iba a ‘controlar’ el Tribunal Supremo».
Planteará a Batet que vista la situación de bloqueo que padece el proceso de renovación del CGPJ, debería finalizarse el trámite de entrevistas a los candidatos, y aclararse públicamente, mediante la celebración de los plenos del Congreso que sean necesarios, «cuál es la posición de los distintos grupos de la Cámara ante las candidaturas presentadas».
Esa petición también la ha planteado JJpD al presidente del Senado, Ander Gil García, «sin que hasta ahora se haya concretado fecha para la reunión».
JJpD señala que «las excusas que el Partido Popular esgrime frente a la renovación carecen de credibilidad después de casi cuatro años de interinidad del CGPJ, órgano que tiene caducado su mandato desde noviembre de 2018». Por ello, reclama que se culmine el proceso que se interrumpió en su día, y que «con transparencia», las Cortes expresen su parecer sobre las candidaturas propuestas por la Carrera Judicial, a través de avales y de elecciones democráticas de las asociaciones judiciales, un total de 51 personas que podrían ocupar vocalías del CGPJ.
FJI, EN CAMBIO, RECLAMA QUE NO SE RENUEVE HASTA QUE SE REFORME EL SISTEMA
Foro Judicial Independiente (FJI), por su parte, ha interpelado nuevamente al resto de asociaciones judiciales y a todos los miembros de la Carrera Judicial, para que «se abstengan de participar en el proceso de renovación del CGPJ mientras no se reforme cumpliendo la normativa europea, retirando si procede los correspondientes avales y candidaturas».
Señala que «el inaceptable retraso en la renovación de este órgano y la criticada reforma legal que limita sus competencias no pueden ser motivos suficientes para aceptar como válida una nueva renovación del CGPJ con el sistema actualmente vigente, y que daría lugar a la constitución de un nuevo Consejo deslegitimado en su origen y susceptible de ser recurrido ante los tribunales».
