La comisión negociadora de los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volverá a reunirse mañana, 5 de octubre. Si alcanza un acuerdo, se convocaría un Pleno extraordinario para efectuar las designaciones el jueves. En caso de que no lo hubiera, el Pleno volvería a reunirse, también en sesión extraordinaria, el jueves 13 de octubre para que los miembros de la comisión negociadora den cuenta de las gestiones realizadas.
Los vocales interlocutores del lado conservador son José Antonio Ballestero y Carmen Llombart y los del ala progresista Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach. Confilegal ha sondeado a ambas partes, a José María Macías y a Rafael Mozo, respectivamente, para conocer qué creen que ocurrirá mañana, si habrá o no acuerdo.
El vocal Rafael Mozo asegura que no sabe. «Ni yo ni nadie. Y el que diga que lo sabe, no es acertado porque no lo sabemos, de verdad», manifiesta.
Este vocal emplaza a la otra parte a que ponga ya nombres sobre la mesa y negocien. «Es lo que le hemos pedido desde el 8 de septiembre y a día de hoy aún no lo han hecho», señala Mozo, al tiempo que recuerda que el sector progresista se comprometió a llevar a la reunión del 21 de septiembre una lista de nueve candidatos ordenada alfabéticamente, y lo cumplió.
Preguntado sobre si el «sector conservador» ha rechazado alguno de esos nombres, afirma que «tampoco se han pronunciado».
El 16 de septiembre los negociadores progresistas dieron a conocer ya esos nueve nombres, entre ellos Pablo Lucas Murillo de la Cueva, el juez encargado de controlar las actuaciones del CNI; María Luisa Segoviano Astaburuaga, la primera mujer en presidir una Sala del Alto Tribunal, la de lo Social; y su homólogo de lo Militar, Jacobo López Barja de Quiroga.
La mayoría de los magistrados del Supremo que se han postulado desde el bloque progresista pertenecen a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que junto a la de lo Social es una de las más afectadas por las vacantes sin cubrir. Se trata de José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat, Eduardo Espín Templado, Isabel Perelló Doménech y Ángeles Huet de Sande.
A estos siete postulantes se suman la magistrada de la Sala de lo Social Rosa María Virolés Piñol y el magistrado jubilado Rafael Fernández Valverde, que formó parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y del actual CGPJ.
«Tenemos una obligación legal y hay que cumplirla», sentencia Rafael Mozo.
José María Macías también afirma que no tiene ni idea de lo que pasará mañana. Informa que el sector conservador se reunirá esta tarde y a partir de lo que hablen ya tendrán una orientación.
Preguntado sobre por qué no han presentado todavía un nombre, afirma que aún no tienen uno idóneo. De cualquier modo, señala que el bloque progresista tampoco, porque ha presentado nueve cuando sólo es uno, y que hasta el día que no lo tengan «no podemos hablar de que realmente han puesto un nombre sobre la mesa».
«Si tú me pides un papel y yo no te lo quiero dar, lo puedo hacer de dos maneras: No darte ninguno o ponerte encima de la mesa 5.000 papeles y decir ‘ahora búscalo’. ¿Cuántos nombres pueden poner encima de la mesa? Uno. Si nos ponen nueve, no nos están poniendo ninguno», argumenta.
«Escondido entre esos nueve hay uno que es su favorito y no quieren decir cuál es», agrega Macías.
Por tanto, emplaza al sector progresista a poner un solo nombre porque con nueve «se sigue sin saber quién es el candidato por el que optan». «A partir de ahí ya podremos hablar sobre si ese candidato parece idóneo o no», declara.
Respecto a si esta parte presentará el suyo mañana, señala que no cree, porque siguen deliberando.
Por último, sobre quién relevaría al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, si dimite señala que «no está nada claro».
