El mandato del ya expresidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha llegado a su fin tras casi nueve años. Ahora, su próximo destino es la Sala Tercera del Tribunal Supremo, puesto en el que desempeñaba su labor de magistrado antes de ser nombrado presidente, por lo que ha renunciado a la indemnización.
Esta dimisión se hizo pública el pasado domingo pero no se formalizó hasta el lunes, cuando lo comunicó ante el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ante los vocales del CGPJ, la Sala de Gobierno del Supremo y frente a los presidentes del Congreso de los Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional.
Ahora Lesmes ha solicitado de forma inmediata volver al servicio activo en la Carrera Judicial para incorporarse a su destino en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por lo que ha renunciado a cobrar la indemnización regulada por ley, un total de 232.577.84 euros. Dinero que le corresponde por haber desempeñado durante estos casi nueve años la función de presidente del TS y CGPJ.
Según fuentes del CGPJ, la ley establece que es incompatible esta indemnización con la de ejercer cualquier trabajo y, en este caso, Lesmes ha decidido incorporarse ya la labor que ejercía antes de ser presidente.
En el caso de que se mantuviese inactivo, la norma que regula los pagos que reciben los altos cargos del Estado manifiesta que tienen derecho a ingresar un 80% de su actual retribución anual durante un plazo de dos años.
Según la información publicada el los Presupuestos Generales del Estado, de 2013 a 2022 Lesmes ha cobrado casi 1,2 millones de euros brutos desde su nombramiento. Las cifras reflejadas en el Boletín Oficial del Estado dejan constancia que en 2013, 2014 y 2015 la retribución fue de 130.152 euros.
En 2016 llegó a cobrar 131.454 euros, un 66% más que Mariano Rajoy, presidente del Gobierno por aquel entonces; en 2017, 132.769; en 2018 y 2019, 137.760 euros; en 2020, 141.510 euros y, en 2022, 145.361. De haber continuado con su cargo, en 2023 se había aprobado un presupuesto de 151.186 euros tras la subida del 4% a funcionarios del Gobierno y a altos cargos, como el del presidente del Tribunal de Cuentas, del Constitucional o el Supremo.