El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el PSOE y Unidas Podemos presentarán mañana una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados para reformar el delito de sedición, que pasará a llamarse de «desórdenes públicos agravados».
Así lo afirmó en una entrevista en La Sexta, en la que ha señalado que el nuevo tipo penal será «más o menos homologable» con otras democracias europeas como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza, y las penas por ese delito serán las que rigen en los códigos penales de los citados países.
Además, negó que esto sea una exigencia de ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que por el contrario lo ha reivindicado «desde siempre» si cuenta con mayoría parlamentaria. A continuación señaló que en las últimas semanas hay grupos parlamentarios que han dicho que están dispuestos a acometer esta reforma.
NO ES EXIGENCIA DE ERC
En este sentido, quiso separar su decisión de las demandas de ERC al remarcar que el independentismo no pide una reforma del código penal sino una «amnistía», algo que el Gobierno «no va a aceptar» y que no forma parte de la legislación ni de la Constitución española, según ha asegurado.
Así, Sánchez defendió esta decisión al calificarla como «un paso adelante» en la «homologación» con los países del entorno europeo. Además ha justificado que se revise este delito que «fue redactado en 1822», según subrayó..
En la misma línea, apuntó que Alemania suprimió el delito de sedición en el año 1970 y lo renombró con otro tipo de terminología parecida a la que va a proponer el Gobierno. De este modo, Sánchez reiteró que lo que hace el Ejecutivo es homologar el código penal a los «estándares europeos».
NIEGA QUE PUIGDEMONT NO VAYA A RENDIR CUENTAS
Sánchez también negó que esta reforma vaya a debilitar al Estado porque, según trasladó, se van a reconocer penas por esos delitos, pero que sean «homologables a las principales democracias europeas».
También rechazó que esta modificación pueda evitar que el expresidente catalán Carles Puigdemont –huido de la justicia española desde hace cinco años– rinda cuentas ante los tribunales.
«Tendría que rendir cuentas ante la justicia española, absolutamente» puesto que «los delitos que se cometieron en 2017 siguen estando presentes en nuestro código penal», según aseguró, aunque con una nueva denominación.
Sánchez subrayó que esta iniciativa va a ayudar a «distender la situación en Cataluña» y a «superar este contencioso» que heredó de la administración anterior del presidente Mariano Rajoy (PP) según ha apuntado en varios momentos. Un asunto que «nunca» ha «rehuido», según sus palabras.
RAJOY DEBIÓ APLICAR ANTES EL 155
En este punto recalcó que es «de cajón» que la situación actual en Cataluña y en el resto de España es mejor que la vivida en 2017 e hizo hincapié en que en aquel momento, cuando era jefe de la oposición, apoyó a Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
A este respecto, Sánchez hizo un apunte al indicar que este artículo se debió aplicar antes de cuando finalmente se hizo, en concreto «el día en que el Parlament aprobó las leyes de desconexión», afirmó.
«Es verdad que Rajoy no lo hizo, no se lo reprocho porque fue un momento muy complejo», indicó antes de dejar claro que en este momento él no cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición.
Además, argumentó que la situación actual es mejor indicando que la situación en Cataluña ya no es una de las principales preocupaciones de los españoles y por el contrario ha pasado a ocupar «el número 41» de la lista de problemas para los ciudadanos según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Por último, hizo gala de que hoy más de la mitad de los catalanes están a favor de la unidad de España. «Hoy Cataluña está infinitamente mejor que lo que estaba en 2017 o en 2018», remató.
