La magistrada titular del juzgado de instrucción Nº26 de Barcelona, María del Carmen Suárez Vázquez está siendo investigada tras haber sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra ella por prevaricación, según adelantó ElNacional.cat. El denunciante es un Letrado de la Administración de Justicia al que ordenó detener para que pagase una multa de 150 euros por una pena leve.
Según ha explicado Mónica Aguilar, letrada que, junto con el abogado Jaume García, de Lealta Abogados llevan la acusación particular, la magistrada ordenó su búsqueda, detención e ingreso en prisión del LAJ sin realizar otros pasos previos como, por ejemplo, la vía de apremio, averiguación profesional o solicitar su embargo.
La detención se produjo en agosto de 2021. Los agentes de la Guardia Civil acudieron a un hotel en el que se encontraba pasando unas vacaciones familiares en Gran Canaria para arrestarle porque la magistrada alegaba que desconocía el paradero del hombre.
En cambio, según Mónica Aguilar, es absurdo que la magistrada no le localizase porque, por aquel entonces, el LAJ trabajaba en la Ciudad de la Justicia de Barcelona por lo que “es un poco irónico que se encontrase en ignorado paradero” y, además, su oficina se encontraba a escasos 100 metros del de la jueza.
En un principio, la querella no fue admitida a trámite
Pero que se admitiese esta querella no fue fácil. En 2021 no fue admitida a trámite y tuvieron que presentar un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solicitando su revisión. Finalmente se admitió a trámite e incoaron diligencias previas.
A pesar de que la magistrada requirió el archivo de las actuaciones, la petición le fue denegada y el próximo 14 de diciembre tendrá que acudir a declarar en calidad de investigada.
En la querella piden que se le amoneste mediante procedimiento sancionador de los funcionarios y que se le condene por prevaricación.
La magistrada fue sancionada en 2003
La magistrada María del Carmen Suárez fue sancionada por el Consejo General del Poder Judicial por desatender sus tareas y no respetar los horarios en 2003 a tres años de suspensión de sus funciones. El consejo estimó que se limitaba a practicar las diligencias acordadas a iniciativa del personal del juzgado y que, además, firmó mandamientos de libertad en blanco que no llegaron a utilizarse.
Por ello, el CGPJ consideró que incurrió en dos ocasiones en “incumplimiento injustificado y reiterado del horario de audiencia pública y en inasistencia injustificada”.
