En la Sala de Grados de la Universidad CEU San Pablo, Juan Laguna, miembro de Tiempo Liberal, que organizó la mesa redonda «Constitución y derecho» junto al Centro Diego de Covarrubias, dio inicio al evento con una afirmación tajante: «Los ciudadanos perciben que las democracias liberales están reventando».
Con este inicio, expuso el propósito de los ponentes de aclarar «los problemas del Estado de Derecho» ante lo que calificó como «una perversión de valores, un retorcimiento de las normas y una verdadera modificación de facto» de la Constitución española. Y para dar pie a la intervención de los ponentes, puso sobre la mesa una interrogante. «¿Hasta qué punto se aplica derecho inconstitucional?», preguntó.
Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, apuntó que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 podía considerarse el origen de varios de los problemas que se observaban hoy en día, ya que permitió que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial serían elegidos a partes iguales por las dos Cámaras.
«Si el poder no es limitado, no hay Estado de Derecho», dijo, recalcando la necesidad de jueces «independientes e imparciales». En este sentido, definió el Estado de Derecho como «el sometimiento al ordenamiento jurídico», algo que no siempre se observa, en su opinión.
Comentó además que «el orden lo pueden perturbar los delincuentes o los poderes públicos», señalando que «las proposiciones de ley las hacen los partidos de coalición cuando solían hacerlos desde la oposición».
Como ejemplo, discutió las bajas de las penas por los delitos de sedición y malversación, añadiendo que esta última reforma del Código Penal estaba siendo analizada por la Unión Europea, que busca decidir si sus intereses financieros están en riesgo
El presidente de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación José Antonio Escudero coincidió en indicar los problemas del Congreso, donde observó «poca atención a la discusión de los temas».
«Las listas de votos se reparten antes del debate y el partido dominante toma decisiones internamente, es antidemocrático», criticó, añadiendo que «en el Congreso, un órgano deliberativo, dan por hecho que se aprobarán las leyes».
De ahí su lapidaria sentencia: «Estamos en un estado autocrático, el único que manda es el presidente del Consejo de Ministros«.
Tampoco dudó al señalar que «el problema de los nacionalismos en España es de educación. «Hay dos o tres generaciones con referencias históricas que son falsas», dijo. «El gran pecado fue la transferencia de las competencias educativas».
A esto respondió con un toque de esperanza Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, exfiscal general del Estado, diciendo que, con «una ciudadanía activa y crítica», existe «la posibilidad de reaccionar», aunque no dudó en mencionar los riesgos que enfrentan en el plano político. «La barbarie siempre acecha a las democracias liberales», dijo.
Madrigal hizo referencia a «la proliferación de regímenes iliberales en algunos países y de tendencias iliberales en otros donde está más establecida la democracia, incluyendo España.
Algo que, dijo, puede deberse al «cansancio de la democracia» de parte de quienes «no han conocido los sinsabores» de otros modelos políticos.
Así, señaló que una separación de poderes «nunca es completamente posible», por lo que los Estados dependían de la «solución intermedia de pesos y contrapesos», como el Poder Judicial, donde hace falta «un sistema de elección de consenso y no de cuotas, que pervierte el sistema».
