La Audiencia Nacional ha acordado suspender de forma cautelar la sanción interpuesta el pasado mes de julio por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra FCC Construcción de 40,4 millones de euros y la prohibición de contratar con la Administración pública por alterar presuntamente durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de infraestructuras.
Esta sanción formaba parte de una multa global de 203,6 millones de euros interpuesta a las principales constructoras del país, Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr.
Todas las empresas recurrieron la multa ante la Audiencia Nacional y, junto a FCC, también OHLA, Sacyr, Ferrovial y Acciona, en este orden, han obtenido ya las cautelares, lo que supone suspender las multas de 21,5, 16,7 y 38,5 millones de euros, respectivamente.
A diferencia de FCC, todas las demás también obtuvieron la medida cautelar de suspender la prohibición de contratar interpuesta por el regulador. En el caso de esta compañía, al menos en este recurso en particular, no solicitó la suspensión de esta prohibición, por lo que el tribunal no ha tenido que fallar sobre este asunto.
Ahora quedan pendientes de resolución por parte de la Audiencia Nacional la sanción más abultada, que recayó en Dragados (ACS), con una multa que alcanzaba los 57,1 millones de euros.
En su escrito, FCC Construcción alegaba que su tesorería disponible es de solo 18,6 millones de euros, por lo que tendría que recurrir a financiación externa para pagar esta multa, con las consecuencias que ello tendría en la marcha de la empresa.
En cualquier caso, se trata de una suspensión cautelar que también se condiciona a que la compañía presenta una garantía en forma de aval bancario u otra similar por el mismo importe de la multa, que asegure el pago y con ello la indemnidad del erario público y el interés general en caso de un pronunciamiento final desestimatorio del recurso.
OTRAS SANCIONES A CONSTRUCTORAS
La CNMC destapó que, desde 1992, estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos, entre ellos hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras.
Algunas de estas empresas, como ACS, Ferrovial, OHLA o Acciona, también han logrado ya otras suspensiones y anulaciones de otra sanción total de 61 millones de euros, interpuesta en agosto de 2021, por formar parte de un cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018.
En concreto, API, filial de ACS multada con 11,8 millones, Alvac (5,8 millones), Ferroser (Ferrovial, 5,7 millones), Copasa (5,6 millones), Elsamex (4 millones), Innovia (3,3 millones), Aceinsa (3,2 millones), Elsan (OHLA, 3 millones), Acciona (2,3 millones), Audeca (Elecnor, 2,6 millones) y FCC (8,5 millones) fueron sancionadas en este otro procedimiento.
