La Fiscalía de Madrid ha pedido un año de cárcel para un cabo 1º de la Guardia Civil de la unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que amenazó al propietario de una finca con desvelar datos suyos personales, como, por ejemplo, infidelidades.
El juicio tendrá lugar el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid y está acusado de supuestamente cometer un delito de estafa.
Según el escrito de acusación, el cabo 1º le pidió al propietario 85.000 euros como condición para no revelar esa información.
Los hechos se remontan al 6 de abril de 2020 cuando el agente acudió al inmueble situado en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, donde se estaba llevando a cabo una tala en el interior de la citada finca.
Como consecuencia de ello, el guardia civil pudo conocer los datos personales del propietario.
Tras la obtención de la información, el guardia civil, con intención de amedrentar, telefoneó varias veces al titular del inmueble en número oculto y haciéndose pasar por trabajador de una empresa dedicada a la localización de patrimonios de herencias yacientes.
En esas llamadas le pidió los 85.000 euros y le amenazó con desvelar sus infidelidades a su esposa.
Cartas, llamadas y denuncias por parte del guardia civil
Por otro lado, el 1 de junio de 2020, el agente le envió presuntamente una carta sin firma explicándole un asunto relacionado con el patrimonio de una de sus clientas fallecidas en 2016 y de quién heredó la finca. La misiva le advertía de que los hechos se pondrían en conocimiento de la Hacienda Pública por si se hubiese cometido algún fraude fiscal.
Un mes después el guardia civil le envió un escrito de denuncia a la Hacienda Pública Autonómica y a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid para comunicar que el propietario era heredero único de todos los bienes de la fallecida y que, al haber transcurrido casi 4 años y cinco meses, “faltarían menos de cuatro meses para la prescripción del impuesto de sucesiones y donaciones”.
Además, en septiembre, remitió sendas denuncias al Ayuntamiento de Madrid y al de Sal Lorenzo del Escorial.
Los hechos descritos son constitutivos de un delito de amenazas condicionales del art 171.1 del Código Penal.
