El TSJCat condena a Laura Borràs a cuatro años y medio de cárcel por fraccionar contratos en la ILC, pero propone un indulto parcial
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la presidenta de Junts, Laura Borràs a cuatro años y medio de cárcel y nueve de inhabilitación por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), pero además ha propuesto al Gobierno la concesión de un indulto parcial por considerar que la pena es «notablemente excesiva».
La solicitud del indulto hace referencia exclusivamente a la pena de prisión impuesta y pide que se aplique al tiempo que exceda de los dos años de forma que esta sea la duración máxima de la pena por delito de prevaricación, delito continuado de falsedad en documento oficial y delito continuado de falsedad en documento mercantil. De esta manera, evitaría ir a la cárcel.
Se señala como sustento «la constatación de que el daño originado por la acción u omisión típicas [resulta] de menor entidad y también que las circunstancias personales del autor responsable así lo [reclaman]». Así, la sentencia indica que la pena para Borràs, siendo el «mínimo de la mitad superior prevista en el precepto infringido» y en casos de continuidad delictiva, resulta «desproporcionada y excesiva para la realidad que subyace en los comportamientos ya calificados invariablemente como típicos y delictivos».
La Fiscalía había reclamado una condena de seis años de prisión y 21 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental para Borràs.
Una magistrada del tribunal ha añadido un voto particular en el que considera que la expresidenta del Parlamento de Cataluña no debería ser condenada a más de 21 meses de prisión porque, según su criterio, indujo al delito de falsedad documental sin llegar a cometerlo, y manifiesta que la inhabilitación que se le aplique debe afectar solo a cargos con facultad de contratación.
En la sentencia a la que ha tenido acceso Confilegal, se imponen penas de 2 años de prisión y una multa de 2.100 euros a Isaías Herrero, a quien se le adjudicaron 18 contratos por un valor de 335.700 euros, y de 1 año y 2 meses, más una multa de 2.250 euros a Andreu Pujol, condenados junto a Borràs e inhabilitados para contratar con las administraciones públicas, respectivamente, durante un año y siete meses y un año. Ambos colaboradores habían confesado durante el juicio y fueron absueltos del delito de prevaricación.
