La huelga convocada por los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para exigir un aumento de retribuciones salariales para el colectivo, que duró poco más de dos meses, supuso un descenso en las notificaciones de un 43 % en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos de la compañía de ‘legaltech’ Atlante y Goriz Advisors.
Daniel Jaume, director de ventas de Atlante, comenta que el cálculo se realizó en base a los más de 400.000 procedimientos abiertos de prestación de servicios de recuperación de deuda y gestión de crédito que tiene la empresa en 2023. Estos generaban una media de 16.000 notificaciones diarias, cuya disminución
Según Jaume, se trata de «un sector que genera millones de demandas al año en procedimientos civiles» y «un universo lo suficientemente amplio» como para poder servir como «una métrica válida» para cuantificar el descenso de actividad en los juzgados.
En este sentido, opina que el seguimiento de la huelga por parte de los LAJ se encontró «en un punto medio» entre las alegaciones del Comité de Huelga, cuyas comunicaciones hablaban de un promedio superior al 75 %, y el Ministerio de Justicia, según el cual rara vez superó el 30 %. Dice lo mismo sobre las suspensiones de vistas, que daban como resultado una media diaria de un 33 % menos. «Son curvas que van igual», afirma.
De acuerdo a estos datos, las provincias más afectadas por el paro, con mayor volumen de descenso en las notificaciones mensuales (más de 10.000) son Murcia (-76 %), Santa Cruz de Tenerife (-70 %), Alicante (-58 %) y Asturias (-58 %). Las provincias que registraron menos caídas de notificaciones en este periodo fueron Málaga, con un 23 % menos, Sevilla (-24 %), Valencia y Cádiz (-36 %).
Las comunidades autónomas con más casos de descenso en las notificaciones por los juzgados fueron La Rioja (-95 %), Murcia (-76 %), País Vasco (-62 %) y Galicia (-61 %). Por otro lado, las autonomías con menos descensos de notificaciones fueron Andalucía, con un 29 % menos de notificaciones emitidas durante el mismo periodo de 2022, seguida por Aragón (-36 %), Cataluña (-40 %) y Madrid (-42 %).
«Hasta el 20 de febrero, el descenso de notificaciones fue de más del 50 %, y hubo días en que alcanzaba un 60 o hasta 70 %, pero en las últimas dos semanas se observaron síntomas de agotamiento de la huelga, con un 24 % en la última semana», indica, añadiendo que en conversaciones con oficiales, secretarios y LAJ, estos señalaban las fluctuaciones por las acciones individuales de cada letrado, que podían volver después de tres semanas sin trabajar, estar presente más a menudo o seguir el paro a rajatabla.
«Queda trabajo por hacer»
Sin embargo, esta mejoría no se ha notado en los pagos judiciales y transferencias, cuyas suspensiones fueron de un 60 % en febrero y de 50 % en las tres últimas semanas de huelga. Una situación que, en palabras de Jaume, extiende el impacto económico tanto a las empresas como a las personas.
La Administración de Justicia emitió la Circular 2/2023 indicando que se prevé un sobreesfuerzo dedicado a compensar los efectos de la huelga a la vez que se evita una «avalancha» de notificaciones, y de acuerdo con las estimaciones de Atlante, esta recuperación podría tardar entre 5 y, si el incremento del volumen es ligero, hasta 10 meses.
«Si se mantiene el ritmo de trabajo anterior a la huelga, la recuperación no va a existir», declara Jaume. En cuanto a los abogados y los procuradores, es más tajante: «No hemos dejado de trabajar, pero vamos a tener que explicar a los clientes el tiempo que vamos a necesitar para recuperarnos de los perjuicios».
