La Guardia Civil ha expulsado a un agente que había sido condenado por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS) por haber obtenido información relevante y sensible del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de Pontevedra para facilitarla al narcotraficante Juan Carlos Santórum Navazas. Es la segunda expulsión que surge de esta sentencia, que ratifica la de la Audiencia de Pontevedra, luego de la de otro exguardia.
Diego Fontán, el recién expulsado, y Javier López fueron condenados a tres años y medio de prisión, una multa de 4.500 euros y dos años de suspensión de empleo y cargo público por un delito de revelación de secretos, aunque la Audiencia de Pontevedra los absolvió de los cargos de integración en grupo criminal, encubrimiento y un delito continuado contra la intimidad, como informa La Voz de Galicia.
El condenado «saboteó durante, al menos, seis meses los trabajos de investigación del ECO de la Guardia Civil de Galicia, en el que se encontraba integrado, y puso en grave riesgo a sus compañeros y a los confidentes de dicho equipo» al proveer información relevante y sensible de las actuaciones a los investigados por narcotráfico en varias operaciones, «frustrando su detención y facilitándoles su impunidad», como señala la sentencia del TS.
La sentencia establece que se filtraron «los datos personales y reservados de los miembros de su unidad, poniéndoles, igualmente, en peligro» e «información reservada del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Pontevedra».
«Su gravísima conducta resulta de todo punto incompatible con la condición de militar y, en especial con la de miembro de la Guardia Civil», apunta el fallo, añadiendo que «el grave daño a la Administración no puede ser más evidente».. «Es difícil imaginar un daño mayor a la Guardia Civil como cuerpo de la seguridad del Estado en la persecución del delito».
El TS desestimó el recurso interpuesto por la defensa contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, que impuso en una resolución la separación del agente del cuerpo indicando que «los hechos delictivos tuvieron una indisimulable incidencia en la seguridad ciudadana», además de suponer un «peligro» para la seguridad ciudadana y «una manifiesta deslealtad hacia sus jefes y compañeros, afectándose los principios de disciplina y subordinación con grave afectación de la imagen de la Guardia Civil, a su crédito y buen nombre».
«Los hechos que motivaron la condena son claramente reveladores de una intencionalidad especialmente recusable, dar información que conoce por razón de su condición a aquellos que están siendo investigados judicial o policialmente y ello en un contexto que también resulta especialmente censurable como es el del narcotráfico», según Robles.
