El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Andrés Palomo del Arco ha enviado al Juzgado de Instrucción Número 2 de Trujillo (Cáceres) la causa contra Alberto Casero, ex diputado del Partido Popular (PP) por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Esto se debe a que Casero perdió su aforamiento ante el TS al haber dejado el escaño que le correspondía antes de la apertura del juicio oral.
El instructor señala en un auto al que ha tenido acceso Confilegal que la Sala de lo Penal estableció en 2014 que la competencia del TS queda fijada en el momento en el que se abre el juicio oral de las causas que involucren a aforados, incluso si estos pierden después esta condición.
Casero renunció a su Escaño el 3 de marzo, mismo día en el que el Supremo lo procesó después de abrir diligencias previas en virtud de una denuncia de la Fiscalía y la exposición razonada del juzgado extremeño, que consideraba que carecía de competencias para investigar a un aforado.
El exdiputado solicitó la pasada semana que se devolviera a los tribunales de Trujillo la causa abierta contra él por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, cometidos cuando era alcalde de dicha ciudad, entre 2017 y 2018. Estos refieren a cinco contratos por un valor de más de 90.000 euros que se firmaron sin seguir el procedimiento administrativo establecido por la ley.
Casero acudió a declarar ante el instructor después de que el Supremo asumiera el caso y aseguró que no había habido prevaricación alguna por su parte, aunque pudieran haber existido problemas administrativos en los susodichos contratos, y presentó un escrito para pedir el archivo de la causa ,según las fuentes jurídicas consultadas.
El magistrado dio por finalizada la instrucción el mismo 3 de marzo después que la Sala de Apelación del Supremo estimara un recurso de Casero contra su decisión de denegar la petición de nulidad, archivo y sobreseimiento de la causa. La Sala de Apelación estimó que el plazo de la investigación había concluido el 15 de julio de 2022, con lo que todo lo investigado desde entonces era nulo y no debía tenerse en cuenta al decidir si archivaba o continuaba la causa contra el entonces diputado.
