El fiscal coordinador de la Unidad de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis del Río, firmó en nombre del órgano un protocolo diseñado para ampliar la protección de las víctimas de siniestros de tráfico, incluyendo el impulso de soluciones extrajudiciales cuando existan discrepancias, con especial atención a los casos que involucren menores o personas con discapacidad.
Este objetivo toma en cuenta la necesaria autorización judicial cuando se trate de estas personas y se suma a la intención de simplificar los procedimientos judiciales y civiles en casos con resultados lesivos, promoviendo una resolución rápida, además de establecer mecanismos de cooperación y canales de comunicación ágiles entre las partes firmantes,
Entre estas se cuentan la Asociación Empresarial del Seguro, el Consorcio de Compensación de Seguros, el Consejo General de la Abogacía, el Colegio de la Abogacía de Madrid, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, la Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas, la Federación Española de Daño Cerebral, la Oficina Española de Aseguradoras de Automóviles la Asociación Prevención de Accidentes de Tráfico y la organización Stop Accidentes.
El acto de la firma del Protocolo se ha celebrado en la sede de las Unidades Especializadas de la Fiscalía General del Estado.
Para proteger los derechos e intereses de las víctimas, el protocolo también plantea maximizar la transparencia al detectar determinadas conductas abusivas o modalidades de fraude a las entidades aseguradoras o al Consorcio de Compensación de Seguros y prestar atención e información para evitar el ‘olvido’ de sus casos.
Los actos y encuentros personales con las víctimas y la elaboración de protocolos operativos en las que participen partes como los policías de Tráfico y las Oficinas de Asistencia a la Víctima serán algunas de las iniciativas para favorecer la «sensibilización» social en favor de las víctimas.
También se fomentará la instrucción sobre los derechos de víctimas y las prestaciones de las cuales serían titulares en coordinación con las Oficinas de Atención a las Víctimas, las asociaciones de víctimas y demás firmantes.
Las obligaciones del protocolo que incumben a los firmantes buscan «otorgar la máxima eficacia y transparencia al iter económico-jurídico que se genera a raíz del siniestro de tráfico del que resulta el fallecimiento o lesiones, constituido por actuaciones asistenciales, de tramitación en el ámbito interno del seguro, asesoramiento jurídico o procesales cuando se ejercitan acciones civiles o penales».
