La Comunidad de Madrid ha invertido desde 2019 casi 11 millones de euros en eficiencia energética para las infraestructuras judiciales. Estas actuaciones forman parte del Plan de Justicia 21×21 de Modernización y Humanización de las Infraestructuras.
Los objetivos de este Plan 21×21 son conseguir una justicia más independiente, más humana, rápida, moderna y eficiente e incrementar los recursos humanos y materiales para mejorar la seguridad y la respuesta en los casos de emergencia. Así como apoyar de manera incondicional a todas las víctimas, con especial respeto y dedicación a las del terrorismo.
Según han informado desde Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, gracias a esa inversión se cumplen con las exigencias básicas de calidad que deben disponer los edificios en materia de seguridad y habilidad como, por ejemplo, protección contra el ruido, contra incendios, ahorro de energía o salubridad.
Pues así lo señalan tanto la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) como el Código Técnico de la Edificación (CTE). También, se diseñan de conformidad con la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Por otro lado, han explicado que estas estructuras se diseñan conforme a los criterios de la arquitectura bioclimática con el objetivo de descarbonizar los edificios, cumplir con la Agenda 2030 y con la nueva corriente del Green New Deal Europeo.
En este sentido, todos los proyectos constructivos (en particular el proyecto de Ciudad de la Justicia) se alinea con las políticas palancas de los Fondos Next Generation: Transformación digital, ciberseguridad, transición ecológica, protección de las víctimas, accesibilidad universal, conciliación familiar e igualdad de oportunidades y cohesión territorial y social.
Se está trabajando en juzgados antiguos para mejorar su eficiencia energética
Desde Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid han explicado que se está trabajando en aquellos edificios que fueron construidos antes del Código Técnico de la Edificación.
Estos casi 11 millones de euros se han destinado para nuevos acristalamientos, sustituir luminarias por luces led más eficientes, instalar paneles fotovoltaicos, incorporar cargadores para coches eléctricos, mejorar los aseos adaptados y aspectos concretos de la circulación de zonas públicas o mejorar el aislamiento entre otras.
Este dinero se ha repartido en 10 sedes judiciales: Leganés (1.342.564,36 euros); Alcorcón (2.111.400,96 euros); Colmenar Viejo (802.970 euros); Coslada (1.067.573 euros); Fuenlabrada (1.373.743 euros); Móstoles (3.749.022 euros); Gran Vía Nº19 (50.369 euros); Plaza de Castilla y Joan Maragall Nº66 (36.219 euros); Pradillo Nº66 (27.044 euros) y Alcalá de Henares (11.220 euros).
