Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), subrayó el «carácter transformador» de las sentencias de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el proceso de integración europea en un acto que tuvo lugar en el Salón de Pasos Perdidos del Senado.
Fue en el marco de la presentación del libro “La contribución de la jurisprudencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la integración europea” del que es autor el catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Javier Moreiro González, y que ha sido coordinado por Javier Montero Rodríguez. Tirant Lo Blanch es la casa editora, que estuvo representada por María Campo Jiménez, su directora de ediciones.
Ribón puso de relieve dos hitos trascendentes, desde su punto de vista. En primer lugar, la retransmisión en directo de la lectura de una sentencia “de especial importancia” porque “avala jurídicamente una puerta que nunca se había abierto en la Unión: suspender los fondos a aquellos países que no cumplan con algo tan elemental como el Estado de derecho”.
En segundo lugar, la “muy intensa labor jurisprudencial que se ha desarrollada por el TJUE en el ámbito de la protección de los consumidores”, propiciada especialmente por la aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores”.
Ribón, socio director de la firma Ribón Asociados SLP –especializada, entre otras materias, en derecho del consumo– destacó la importancia de esta obra que “pretende por primera vez, y consigue con excelencia, analizar la trascendencia que ha tenido la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el desarrollo de la Unión”.
El acto fue inaugurado por el presidente del Senado, Ander Gil. En la mesa de presentación Rosario Silva Lapuerta, exvicepresidenta del TJUE y una de los jueces del Alto Tribunal europeo que más han influido en su conformación actual, y Dimitry Berberoff Ayuda, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y Carlos Javier Moreiro González.
