Juan Antonio García Jabaloy, socio de Ospina Abogados, empezó a tratar casos de derecho penal económico a finales del 2004, cuando ejercía como fiscal de la Audiencia Nacional (AN). Al recordar los casos de delitos internacionales y de terrorismo que manejaba, menciona que varias investigaciones respondían a un sistema «lentísimo». «Ahora, la coordinación es más efectiva, con contactos directos, y eso ha supuesto una verdadera revolución», dice.
«Antes, para que un juez pudiera solicitar información a otro juez en otro país, la solicitud debía pasar por el Ministerio de Justicia y el de Asuntos Exteriores de España para llegar a los mismos ministerios del otro país antes de que fuera remitida a su destinatario», asegura. Comenta que uno de los motivos de estos mecanismos es que «no necesariamente existía un reconocimiento mutuo ni obligaciones».
Los medios de investigación con conexión internacional son apenas una de las mejoras en un campo en el que, en palabras de García Jabaloy, «cada día se aprende más y se tienen mejores herramientas». «Es una situación en la que podemos decir que todo tiempo pasado fue peor», afirma.
Su nueva etapa con el despacho Ospina Abogados, en el que entró como especialista en derecho penal económico, responde a lo que el llama una «inquietud profesional», que le ha llevado a distintos destinos y jurisdicciones, incluso fuera de España en calidad de responsable de la delegación española de Eurojust.
La especialización es clave
En sus palabras, esta es un área en la que se ha observado una considerable evolución, especialmente en jueces y fiscales. «Los delitos económicos exigen que controlen nociones de contabilidad, el funcionamiento de sociedades y las operaciones del mundo económico», afirma. Todas materias extrapenales en las que también deberían formarse los abogados para ofrecer una mejor defensa a sus clientes.
«La fiscalía y el Consejo Penal están cada vez más involucrados y preparados para estos delitos», declara, señalando que estos cuerpos se acercan cada vez a la especialización mediante diferentes cursos. «Es un tipo de delito complejo, con dimensiones transfronterizas, con transferencias de bancos y sociedades fuera de España que podrían estar participando en un posible fraude, y hace falta cooperación jurídica dentro y fuera de la Unión Europea para conseguir y suministrar información».
El Colegio de la Abogacía de Madrid, donde García Jabaloy ejerce como copresidente de la sección de derecho penal, también se dan cursos de penal económico, pero no tienen el mismo alcance que entre jueces y fiscales. «Se hace lo que puede con los medios que se tienen», dice el abogado, insistiendo en la necesidad de «poner más foco en la especialización».
Sin embargo, a pesar de toda la formación y especialización, no se ha podido establecer un perfil general para las personas que se vuelven delincuentes con este tipo de acciones. Más bien, este perfil «es más variado que nunca», pero la diferencia es que los procedimientos «casi siempre incluyen a la persona jurídica, que ahora se somete a investigación», según García Jabaloy.
