Los profesionales de la abogacía se han manifestado ante numerosos juzgados del territorio nacional este miércoles a causa de las huelgas que se han sucedido desde enero de este año, siendo la primera la de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y después la de los funcionarios, y han exigido una solución «inmediata» a la «parálisis del servicio público» al considerar que se trata de «una cuestión de Estado».
El Consejo General de la Abogacía Española (CGPJ) ha comunicado que «miles de abogados y abogadas» se han concentrado para reclamar la «reactivación inmediata» en una serie de manifestaciones en las que se ha leído un «manifiesto» en el que se lamenta que se sigan «suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada, y señalamientos fijados ya para fechas tan irrazonables como el año 2027».
Así, han explicado que la protesta de este miércoles «no está solo dirigida contra la situación coyuntural que viven juzgados y tribunales, sino que va mucho más allá para reclamar una reforma decidida y en profundidad» del servicio público de Justicia.
Según el Consejo, las manifestaciones se han producido desde «A Coruña hasta Santa Cruz de Tenerife, pasando, entre otros muchos sitios, por Oviedo, Ceuta, Lorca, Valencia, Algeciras, Sevilla, Valladolid o Bilbao».
El susodicho manifiesto reza: «Nuestro Estado social y democrático de Derecho requiere de una Justicia pronta y de calidad. Sin Justicia no hay democracia ni libertad. La inmediata solución de la parálisis del servicio público es una cuestión de Estado». También apunta a los partidos políticos, a los que reclama que alcancen un «Pacto por la Justicia» tras las elecciones del 23 de julio.
Una reivindicación de los funcionarios de la Administración de Justicia es que el Gobierno negocie el fin de la huelga, argumentando que deberían hacerlo incluso después de que desde el Ministerio de Justicia encabezado por Pilar Llop les solicitara que desconvocaran el paro hasta después de las elecciones.
