Confilegal ha recopilado de los distintos programas electorales qué dicen PSOE, PP, Vox y Sumar en materia de Justicia.
Lo que dicen los partidos políticos en materia de Justicia en sus programas electorales
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15/7/2023 06:31
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Actualizado: 08/1/2024 17:48
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El próximo 23 de julio España volverá a acudir a las urnas tan sólo un mes después de las elecciones municipales y autonómicas, pero esta vez para votar a quién será el próximo presidente del Gobierno.
Confilegal ha recopilado los distintos programas electorales para ver qué dicen PSOE, PP, Vox y Sumar en materia de Justicia.
PSOE
El PSOE plasma sus propuestas en materia de Justicia en cuatro páginas, de la 240 a la 244. Entre sus puntos exigen la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el sistema actual de doble legitimación en su elección.
Asimismo, reformarán la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia poniendo especial atención y cuidado con aquellas personas que se encuentran más desprotegidas, como los mayores, menores de edad, personas con discapacidades físicas o psíquicas, víctimas de delitos, de violencia de género o inmigrantes.
En cuanto al turno de oficio, intensificarán la asistencia jurídica gratuita y dignificación de la profesión y actualizarán los baremos para mejorar la prestación del servicio.
Respecto a las leyes, aprobarán de forma inmediata la Ley de Derecho de Defensa y las leyes de Eficiencia del Servicio Público de Justicia: organizativa, procesal y digital. Pondrán en marcha de Ley integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos.
Esta ley permitirá abordar de manera global la lucha contra todas las formas de trata y de explotación con perspectiva de derechos humanos centrada en las víctimas y abordar nuevas tipificaciones como la esclavitud. También reformarán la Ley de Enjuiciamiento Criminal para “modernizar y hacer más garantista y ágil el proceso penal y los procedimientos de investigación”.
Por otro lado, aumentarán el número de jueces y fiscales para aproximarse a los ratios de la Unión Europea, así como el aumento de becas del Ministerio de Justicia para el acceso a las carreras de los distintos operadores jurídicos.
Respecto a la conciliación, pondrán en marcha un nuevo Plan de Igualdad del Servicio Público de Justicia que tenga como ejes principales la corresponsabilidad y la combinación laboral, personal y familiar.
También mejorarán la inversión en la conexión digital de todos los órganos judiciales para permitir a la ciudadanía una tramitación más próxima, rápida, eficiente y sencilla de sus expedientes apostando por el “papel 0”.
Y, en cuanto a ocupación, confiesan que es un hecho grave y que es prioridad dar respuesta a aquellas personas que se han visto afectadas.
PP
El PP habla de Justicia en una página y media de su programa, de la 73 a la mitad de la 75.
Apuestan por el refuerzo de las garantías de independencia del Poder Judicial mediante la reforma de su Ley Orgánica, incluyendo la modificación de elección de los miembros del Consejo de forma que sean los jueces y magistrados los que elijan a los 12 vocales de procedencia judicial. “Derogaremos la reforma que hoy impide su normal funcionamiento”, han apuntado.
Endurecerán el régimen de incompatibilidades “para evitar el paso de los poderes Ejecutivo y Legislativo al Poder Judicial con el fin de garantizar la independencia en la actuación judicial” y prometen aprobar “un plan de choque inmediato para desatascar el funcionamiento de la Justicia”.
Respecto a leyes, modificarán la Ley de Indulto para reforzar la motivación por parte del Gobierno del derecho de gracia y aprobarán las reformas procesales, organizativas y de digitalización.
También impulsarán una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal “que configure el procedimiento penal de conformidad con los principios de simplificación y agilidad, con pleno respeto a todas las garantías y con la finalidad de reducir los tiempos de instrucción».
Así como una Ley Integral de Medios Alternativos de Gestión de Conflictos para fomentar la mediación y la ley de Derecho de Defensa. En esta última extenderán la regulación del turno de oficio para contemplar expresamente este derecho en las personas jurídicas, así como que la intervención de los profesionales designados de oficio sea indemnizada siempre que realicen actuaciones.
Otra de las leyes que prometen reformar es la Ley Reguladora de la Protección de Personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción “para asegurar la independencia de las actuaciones y la no injerencia del Gobierno”.
Además, destacan la importancia de la conciliación de la vida laboral y familiar de abogados y procuradores. En cuanto a las plazas de jueces y fiscales, anuncian que las incrementarán en 1.000 a lo largo de la legislatura.
Por otro lado, humanizarán la Justicia protegiendo a las víctimas de violencia de género y de delitos de terrorismo y aprobarán el Estatuto de la Persona Desaparecida.
Otra de las leyes que prometen reformar es la Ley Reguladora de la Protección de Personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción “para asegurar la independencia de las actuaciones y la no injerencia del Gobierno”.
VOX
Vox dedica 7 páginas para hablar de Justicia en su programa electoral, de la 125 a la 131. Explican que mientras que “no se devuelva la competencia de Justicia al Estado” desarrollarán un sistema de gestión procesal único en España para garantizar la interoperabilidad entre juzgados.
Además, aseguran que garantizarán la primacía del Derecho nacional porque “España no puede volver a permitir que golpistas, terroristas o delincuentes perseguidos en nuestro territorio se paseen por países europeos que se niegan a detenerlos y entregarlos”.
Por otro lado, insisten en la necesidad de trabajar en la existencia de un único Alto Tribunal, de forma que el Tribunal Constitucional (TC) se integre y desarrolle sus funciones en la nueva Sala Sexta del Supremo.
Y, cuando ello se produzca, darán un paso más y modificarán la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del TC para que resuelva en un plazo máximo de tres meses las cuestiones de inconstitucionalidad.
Reformarán el Código Penal para recuperar el delito de sedición y para agravar el tipo delictivo de la malversación de caudales, derogarán la Ley de Violencia de Género y eliminarán los Juzgados de Violencia sobre la mujer.
Cambiarán la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para «dotar a la Policía Judicial de una dependencia total, orgánica y funcional, de los jueces y tribunales” e impulsará una Ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo.
En cuanto a la elección de jueces, explican que “los jueces deben elegir a los jueces”. Y, por ello, aprobarán una Ley Orgánica para modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. También mejorarán las retribuciones de profesionales de la Administración de Justicia.
Fortalecerán las funciones del CGPJ y rechazarán cualquier intento de atribuir la instrucción del proceso penal al Ministerio Fiscal. Suprimirán las fiscalías especiales con finalidad ideológica como la de Memoria Democrática y la de Delitos de Odio y Discriminación.
SUMAR
Sumar recoge sus propuestas relacionadas con la Justicia en su programa electoral en 12 páginas, de la 120 a la 132.
Proponen desarrollar un plan de choque inmediato en la Administración de Justicia para eliminar sus graves deficiencias y reducir el tiempo para obtener una resolución judicial firme. También destacan la importancia de crear mecanismos que reduzcan los litigios y las demoras.
Quieren cambios en la renovación del CGPJ reformulando su sistema de elección para reforzar su naturaleza democrática a través del Congreso de los Diputados y evitar el bloqueo actual. En cuanto a la elección de vocales, mantendrán el modelo actual.
En cuanto al turno de oficio, prometen mejorar las condiciones e incrementar los recursos destinados a ese servicio “poniendo fin a la insuficiencia y el retraso en el abono de los honorarios de los profesionales que lo prestan y aumentando el umbral de rentas para tener derecho a la justicia gratuita”.
Proponen un nuevo modelo de acceso, formación, especialización y promoción de jueces y fiscales creando un centro de altos estudios de carácter público donde se tenga en cuenta la madurez intelectual y cultural. Los estudiantes admitidos durante el periodo de estudios y prácticas, tras cuya superación adquirirían la correspondiente titularidad, recibirán la retribución correspondiente para garantizar la igualdad.
“En este nuevo modelo de acceso se reforzarán las materias de igualdad de género, derechos humanos y respeto hacia las minorías” y establecerán un sistema de becas públicas.
Apuestan por la digitalización de la Justicia desplegando nuevas herramientas tecnológicas como el expediente judicial electrónico accesible, la interoperabilidad, la utilización de datos para proyectar mejoras y las videoconferencias.
Impulsarán la Ley Orgánica sobre el derecho a la defensa que tendrá como objeto “desplegar el catálogo de derechos que asisten a toda persona, regular las garantías y deberes de la asistencia jurídica y las garantías para su ejercicio a través de las instituciones que le son propias, rechazando fórmulas de privatización y reconociendo el derecho a la indemnidad por el ejercicio del derecho de defensa”.
Proponen crear una ley de “bebés robados” que repare los daños de las familias afectadas.
Negociarán con los agentes sociales la situación laboral y profesional de quienes trabajan en la administración de justicia en orden a mejorar sus condiciones y ordenación.
Por otro lado, proponen crear una fiscalía y juzgados especializados en violencia contra la infancia y juzgados especializados en materia de vivienda, familia, discapacidad, seguridad y salud en el trabajo para resolver conflictos de forma eficiente. Así como suprimir la Justicia militar e integrarla en la jurisdicción ordinaria
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