Los costes generados por las situaciones de violencia enfrentadas por los agentes de Policía y Guardia Civil arrojan un resultado de 417.154.281 millones de euros en el año 2021. Esta cifra queda desglosada en tres parámetros: 28.066.569 millones en daño físico a los agentes; 41.138.112, en administración de justicia; y 347.949.600, en investigaciones policiales.
Son los resultados de un estudio multidisciplinar liderado por Luis A. García Segura, coordinador de la Cátedra Global Nebrija-Santander en Gestión de Riesgos y Conflictos, de la Universidad Nebrija, y patrocinado por Axon, la empresa de tecnología de seguridad pública líder en su sector.
«La violencia hacia los agentes de Policía y Guardia Civil en España genera cientos de millones de euros en costes directos al Estado que podrían ser esclarecidos y detallados aún más por nuestros organismos estatales», afirma García Segura.
El estudio «El coste de la violencia en contra de los agentes de Policía y Guardia Civil en España», por lo tanto, se ocupa de la estimación de los costes financieros en que incurre el Estado español, directamente como resultado de las situaciones violentas a las que se enfrentan los policías y los guardias civiles.
Cada vez que se produce un acto de violencia contra uno de estos agentes, «se desencadena una serie de eventos y acciones en donde la administración pública española, en sus diferentes niveles, tiene que intervenir. Esta intervención, dependiendo de la gravedad de los hechos, puede llegar a durar horas, días, meses o años, generando un coste económico hasta ahora desconocido a las arcas públicas», refleja el estudio.
Basándose en la metodología y los resultados obtenidos por el Instituto de Brandenburgo para la Sociedad y la Seguridad (BIGS Potsdam), en su informe Costs of violence against police forces, dirigido por Johannes Rieckmann y publicado en octubre de 2020, el estudio de la Universidad Nebrija es un punto de partida para un escrutinio «mucho más detallado y consciente por parte de nuestras autoridades políticas y sociales», de la administración de los fondos públicos a su cargo, respecto a los colectivos de agentes de Policía (Policía Nacional y los cuerpos autonómicos de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra) y Guardia Civil.
176.000 agentes
La consulta directa de fuentes como los datos en abierto del Sistema Estadístico de Criminalidad, gestionado por el Ministerio de Interior, los informes, los estudios y las entrevistas a los propios agentes y a otros representantes de colectivos de interés constituyen los ejes del estudio que ha tenido en cuenta a 176.404 agentes de Policía y Guardia Civil, con 104,49 euros de salario medio diario.
«En algunos casos, ante la falta de publicación directa por los propios organismos en sus páginas de internet, hemos recurrido a fuentes periodísticas o sindicales para que nos proporcionen directamente la documentación», asegura Luis A. García Segura.
«Esta situación pone en evidencia la necesidad por parte de las autoridades de comenzar a elaborar sus propias estadísticas e informes periódicos, en aras de contribuir a la transparencia y al derecho a la información pública, tal y como ocurre en otros países del mundo».
Sobre el bloque del daño físico a los agentes -las secuelas físicas, psicológicas y mentales que los ataques violentos dejan en los agentes- el informe de la Universidad Nebrija y Axon determina que hubo 10.264 casos de agresión con 3.794.400 euros en costes sanitarios ambulatorios a los lesionados, 4.742.169 euros en costes de días de baja y 19.530.000 euros en costes sanitarios para lesionados permanentes.
El 70 % de los denominados «delitos de atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia» corresponde a agresiones a agentes de policía.
1.240 agentes estuvieron de baja, un 12 % del total de los agredidos, con una duración de 36,6 días de media, que equivaldría a 3.824 euros de media (4.742.169 euros en total). 186 agentes cada año sufren daños permanentes.
Respecto a la segunda variable, las arcas emplearon 26.255.312 euros en gastos de administración de justicia y 14.882.800 euros en costas judiciales.
Por último, en el apartado de investigaciones policiales, el estudio registra 33.900 euros por investigado o detenido, y 347.949.600 euros para los investigados y detenidos de los 10.264 casos de agresión.
El estudio cita también costes indirectos que no se han podido cuantificar, como la pérdida de vidas humanas y lesiones civiles, daños a la propiedad, falta de número de efectivos y presencia policial en la calle, aumento de carga de trabajo al resto de personal cuando sus compañeros agentes están de baja o gastos del sistema penitenciario.
