La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará en la querella que presente contra el ya suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso propinado a la jugadora de la selección española Jenni Hermoso, que el instructor se dirija a Australia -donde se produjo el hecho- para conocer su la conducta también tiene reproche penal en ese país.
Así lo señalan fuentes fiscales a Europa Press, que añaden que para que la causa prospere en España es necesario que se de el requisito de doble incriminación, es decir, que el hecho sea susceptible de ser penado en ambos países. Cabe recordar que el beso que dio Rubiales a Hermoso se produjo durante la entrega de las medallas del Mundial de fútbol en Sidney.
Por otro lado, las mismas fuentes consideran que dado que el hecho y el autor están determinados, no habría que practicar muchas más diligencias más allá de tomar declaración ante el juez instructor a la jugadora de la absoluta y al propio Rubiales.
EL 23.2 DE LA LOPJ
Que la querella que ya prepara la Fiscalía sea viable depende de que encaje en lo que estipula la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPD) en su artículo 23.2. En él, se acota que los tribunales españoles conocerán de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los responsables sean españoles -es el caso de Rubiales-y concurra que el hecho sea punible en el lugar en el que se produjo, en Sidney.
Además, ese artículo señala que el acusado no debe haber sido absuelto, indultado o penado en el extranjero ( y si lo ha sido, que no haya cumplido condena); y que el agraviado -Hermoso- o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles.
En relación a esto último, este miércoles precisamente trascendió que Hermoso ya ha declarado en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ha formalizado su denuncia contra Rubiales.
Fue el pasado 28 de agosto cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió abrir diligencias de investigación preprocesales en relación a ese hecho al entender que podría ser constitutivo de un delito de agresión sexual. Además, en ese mismo decreto, la teniente fiscal, Marta Durántez, anunciaba que se dirigiría a la jugadora de la absoluta para ofrecerle emprender acciones legales.
Este paso de la Fiscalía se producía a la vista de las «manifestaciones públicas» realizadas por la jugadora, de las que deducía que sostenía que el acto sexual sufrido por la misma y llevado a cabo por Rubiales no fue consentido. «Atendido el momento extraprocesal en el que nos encontramos y lo inequívoco de sus declaraciones, es preciso determinar la trascendencia jurídica de las mismas», apuntaba Durántez.
