Los decretos del Gobierno canario para recuperar La Palma frenados por la falta de un informe medioambiental
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15/10/2023 06:30
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Actualizado: 15/10/2023 04:35
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El decreto urbanístico y el decreto agrario en los que el Gobierno de Canarias había puesto todas sus esperanzas para recuperar La Palma podrían verse frenados durante varios años tras la advertencia del Gobierno central de que adolecen de un informe de evaluación medioambiental.
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del gobierno autonómico canario Nieves Lady Barreto, ha expresado su preocupación por esto: «De todas las salvedades que ha hecho el Estado, lo que más nos preocupa en estos momentos es la evaluación ambiental, porque eso podría llevar años y haría inviable poder aprobar pronto los decretos», según publica el diario El Día.
«Las advertencias que ha hecho el Estado es que los decretos, tal y como estaban redactados, invadían competencias estatales, de legislación básica estatal, y existe además una posible inconstitucionalidad en materia de propiedad privada», ha añadido.
«Estamos acelerando el proceso para poder salvar todas las advertencias del Estado y aprobar los decretos lo antes posible, pero tenemos que armarlos jurídicamente muy bien para poder salvarlas», afirmó la consejera, motivo por el que tampoco se arriesga a «dar una fecha concreta» en la que los documentos sean una realidad.
COALICIÓN CANARIA OSTENTA EL GOBIERNO REGIONAL GRACIAS AL PP
Coalición Canaria, partido al que pertenece Barreto, se hizo con el control del Gobierno regional en las últimas elecciones autonómicas, pese a ser la segunda formación más votada después del PSOE, gracias al pacto de legislatura que cerró con el PP y al apoyo de dos partidos minoritarios de El Hierro y La Gomera.
El decreto urbanístico permite solicitar la licencia y construir en cuanto el Ayuntamiento la conceda. Además, dice que quienes quieran dar su propiedad a la Administración podrán permutarla o que se le compre al valor del mercado de la erupción.
El decreto agrícola, por su parte, contempla la reparcelación de toda la zona afectada por la lava al oeste de la antigua carretera Los Llanos-Puerto Naos. Permitiría la redistribución nueva de la propiedad, en función de la nueva orografia.
Además, establece la posibilidad de una expropiación y una ayuda complementaria, con el fin de indemnizar con un valor más justo a estos propietarios.
Barreto aseguró que los expertos de las distintas consejerías involucradas «entienden que el requisito de la evaluación ambiental puede ser salvable», lo cierto es que Barreto afirmó que «ahora ya sabemos por qué, pese a su insistencia, los anteriores consejeros socialistas no aprobaron unos decretos que ahora nos exigen con tanta celeridad y es que, tal y como estaban, no se podían aprobar».
LOS TERRENOS CUBIERTOS CON LA LAVA NO SON BALDÍOS
La consejera explicó recientemente a Confilegal que los terrenos cubiertos por la lava del volcán de Cumbre Vieja no son en absoluto terreno baldío. «Son perfectamente recuperables para el cultivo del plátano».
Por tres motivos: La lava es un material rico en nutrientes porque contiene minerales que son esenciales para el crecimiento de las plantas, como el potasio, el fósforo y el nitrógeno; la lava es un material poroso que permite que el agua drene rápidamente, lo que es importante para el cultivo del plátano, que es una planta sensible al encharcamiento; y porque la lava es un buen sustrato para el cultivo del plátano, por ser un material ligero y esponjoso que es fácil de trabajar y que proporciona un buen soporte para las raíces de los plátanos.
Sin embargo, es un proceso podría durar algún tiempo y requerir de la aplicación de técnicas de ingeniería agrícola y de la restauración de la vegetación. Pero los terrenos, como el resto de los plantados en la mayor parte de las islas, son viables como plataneras.
Para la consejera Barreto –diputada autonómica de Coalición Canaria por la isla de La Palma–, esta recuperación es esencial para mantener la subvención que recibe el sector del plátano. «El 70 % de la fincas está en manos de pequeños propietarios que reciben subvenciones de la Unión Europea y que sostienen prácticamente a La Palma».
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