Divide et Vinces. La frase latina habitualmente atribuida al emperador Julio César se ha utilizado generalmente en el ámbito de las matemáticas y la política. Para los primeros, el enunciado trata de orientar a quienes encuentran demasiado compleja la resolución de un problema para que, a través de su descomposición en problemas más pequeños, pueda hallar la solución a través de diferentes operaciones.
En el ámbito de la política, se utiliza normalmente en el magma de una guerra de facciones para poner de relieve que la división entre los oponentes suele tener como resultado la victoria de quien siembra entre ellos la discordia.
Sin que esté implícito en la expresión, ésta suele utilizarse en el contexto de luchas encarnizadas por el poder dentro de sistema autoritarios.
Afortunadamente, hace ya más de 45 años que los españoles decidimos un cambio en el rumbo de nuestro futuro y abrazamos la imperfecta democracia que, por suerte para todos, resuelve las diferencias a través del método más civilizado que se conoce hasta la fecha: votando.
De la misma forma, quienes tenemos la fortuna de pertenecer a una profesión liberal nos hemos organizado para que seamos nosotros mismos quienes gestionemos nuestra forma de organizarnos y nuestros intereses.
Para escoger a las personas que lo llevan a cabo, sencillamente, hemos reproducido el método democrático esencial.
TAMBIÉN EL DIVIDE Y VENCERÁS SE APLICA EN EL MUNDO DE LA ABOGACÍA
Sin embargo, como sucede en el conjunto de las democracias, también en la abogacía surgen quienes sabiendo que no tienen opciones a ser escogidos para gestionar los intereses comunes de la profesión pretenden tomar atajos, arrogándose la representación del colectivo por la que no están dispuestos a pugnar en la limpieza de las urnas.
Como sucede también en el ámbito de la política, quienes no están dispuestos a asumir los riesgos de la derrota electoral acusan a quienes ejercen o han ejercido la gestión de nuestras instituciones colegiales de profesionalizarse en sus cargos, omitiendo algo tan esencial como que nadie puede compensar la dedicación que esos puestos precisan con las muy limitadas contraprestaciones vigentes, en las contadas ocasiones en que existen.
No teniendo opciones reales de representar a nadie a través de la limpieza democrática de la institución colegial, esas personas dedican sus esfuerzos a buscar los puntos de división y enconar los ánimos enfatizando los problemas cuya solución siempre está más cerca desde la unión de la abogacía que desde la crítica personal y despiadada.
Cualquier excusa sirve para atizar el fuego en el que quemar algún culpable, a quien no se puede responsabilizar más que de haber sido escogido por sus compañeros para representarlos.
El argumento no deja de ser absurdo por mucho que se repita: las instituciones colegiales se obstinan en perjudicar a sus miembros, quienes son víctimas principalmente de la inacción de sus responsables.
No deja de sorprender que el argumento se asiente sobre la premisa de que la maldad nace de las propias instituciones, cuyo pecado original es que sean los profesionales quienes escojan a quienes quieren que les representen.
Cualquier excusa sirve para atizar el fuego en el que quemar algún culpable, a quien no se puede responsabilizar más que de haber sido escogido por sus compañeros para representarlos
Divide et Vinces. ¿Para qué acudir a unas elecciones si puedo indisponer a mis compañeros contra quienes ellos mismos han elegido y asumir la representación del colectivo profesional sin someterme a su opinión?
¿Acaso no soy yo el mesías que puede orientar el camino de los iletrados que no saben ni por qué ni a quién votan?
Los abogados y abogadas españoles tenemos la enorme fortuna de contar con un tupido entramado institucional de tradición centenaria que se materializa en 83 Colegios de la Abogacía bien asentados en sus respectivos territorios.
Colegios que funcionan y se renuevan a través de los más elementales principios de la democracia y que, a su vez, se coordinan en sus Consejos Autonómicos y en el Consejo General para dotar de mayor fuerza a sus argumentos y de mayor peso a sus reivindicaciones.
Fomentar la coordinación y la unidad de acción nos beneficia a todos los que bien hace décadas o tal vez hace tan solo unos meses decidimos ejercer la que sigue siendo una de las profesiones más importantes de nuestra sociedad, pilar de nuestro sistema de garantías y baluarte de la igualdad.
Generar la desunión y el descrédito de las instituciones que nacen como una necesidad de autogestionarnos desde la independencia solo beneficia los pocos que desde su fingida atalaya moral prefieren no asumir el riesgo de someterse al examen de las urnas.
Examen que sí aceptan los casi un millar de compañeros y compañeras que forman parte de las juntas de gobierno de la Abogacía y a quienes, es mi parecer, deberíamos agradecer su tiempo y dedicación en beneficio de todos.
