¿Es una maniobra del PSOE y de Sumar para forzar al PP a sentarse para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o es un órdago a la grande, que iría en dirección contraria a lo aconsejado por la Comisión Europea hasta ahora?
Es apenas una línea en el acuerdo programático que suscribieron ayer las dos formaciones en el que garantizan «el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales, especialmente el CGPJ», y dice que lo harán «impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones públicas».
La estrategia que sopesa el Ejecutivo consistiría, según informe El Confiencial, en reformar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, cambiando la mayoría de tres quintos que deben recabar los candidatos tanto en el Congreso (210 votos de 350) como en el Senado (160 de 266) para que se produzca su elección.
Con esta reforma, pasaría a ser suficiente una mayoría simple.
Por otra parte, tanto el PSOE como Sumar sacarían al Senado del proceso de elección de los 6 candidatos a vocal de procedencia judicial. El PP cuenta con 144 senadores en la Cámara Alta. El PSOE tiene 89. Ninguno de los dos llega a los 160. El bloqueo continuaría.
La idea del PSOE y de Sumar sería que los 12 candidatos a vocales jueces fueran seleccionados por el Congreso, junto con los 4 juristas de reconocido prestigio que le corresponden. El Senado solo elegiría a sus 4 juristas de reconocido prestigio.
Para hacer realidad este cambio copernicano se basarían en la redacción de la Constitución, que solo precisa la elección con mayoría reforzada en las dos cámaras para los ocho juristas de reconocido prestigio pero nada dice de los 12 vocales jueces.
El CGPJ estará integrado por «veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años». «De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión», dice la Constitución en su artículo 122.3.
La sentencia del Constitucional, recientemente conocida, avaló la limitación aprobada por el Parlamento de prohibir que un CGPJ en funciones como este –lleva 4 años y 10 meses caducado– pueda hacer nombramientos discrecionales.
Si llegara a materializarse este objetivo el CGPJ sería de mayoría absoluta progresista, con vocales pactados por formaciones nacionalistas, como el PNV, o directamente independentistas, como ERC, Bildu e incluso Junts.
